El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tomado una decisión histórica al anular una gran parte de los impuestos aranceles que el presidente Donald Trump había impuesto a los productos provenientes de más de cien países, incluyendo a México y China.
Estos cobros, conocidos como aranceles recíprocos, encarecían la entrada de productos extranjeros al país.
Básicamente, la máxima corte determinó que el gobierno no puede seguir cobrando estos impuestos bajo la justificación legal que había estado utilizando hasta ahora.
El motivo principal de esta anulación es que los jueces consideraron que el presidente abusó de una ley de emergencias creada en 1977.
Las empresas afectadas, a través de sus abogados, demostraron que dicha ley fue diseñada para que el Gobierno pudiera imponer sanciones rápidas en momentos de crisis internacional, pero no para dictar la política comercial normal ni para fijar impuestos generales a los productos extranjeros.
En Estados Unidos, la facultad de crear este tipo de impuestos le corresponde originalmente al Congreso y no al presidente por decreto.
Las consecuencias inmediatas de este fallo representan un enorme problema económico y logístico para el gobierno estadunidense.
Al declararse ilegales estos cobros, Estados Unidos se enfrenta ahora a la obligación de devolver decenas de miles de millones de dólares a todas las empresas importadoras que pagaron estos impuestos de manera irregular durante los últimos meses.
De hecho, los mismos jueces del Tribunal Supremo han advertido que organizar y procesar todas estas devoluciones de dinero será un verdadero «desastre» administrativo para el país.
A pesar de este duro golpe a su estrategia económica, lo que pasará a continuación es que el gobierno de Trump intentará revivir estos impuestos a toda costa.
El delegado comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ya ha adelantado que no se quedarán de brazos cruzados y que buscarán otras vías legales para volver a imponer los aranceles casi de inmediato.
Por lo tanto, aunque a corto plazo esta decisión es un gran alivio para las empresas y los consumidores —porque los productos importados no serán tan caros—, la batalla legal y comercial apenas comienza.