Número Cero/ EXCELSIOR
La marca de las diversas violencias se hace visible en las campañas y su uso se vuelve justificable para imponer o resolver conflictos por las candidaturas como con “Juanita (Evelyn) Salgado” al gobierno de Guerrero en sustitución de su padre, Félix Salgado Macedonio. La instrumentación de las mujeres aclimata la violencia política de género, aunque se quiera combatir. Al contrario, se normaliza en un clima de amenazas que ya suma 70 asesinatos vinculados al proceso tras el récord de hace tres años en la presidencial. Y, por si faltara, otra de las violencias que las atraviesan y trastocan son las denuncias de delitos sexuales que han puesto el comportamiento de políticos y candidatos en la mira de la atención pública, aunque ninguno haya sido inhabilitado hasta ahora por la autoridad.
La candidatura de Morena en Guerrero simboliza esas violencias y su mensaje: la impunidad. Las campañas hacia el 6 de junio arrancaron con un reclamó proyectado en Palacio Nacional contra Salgado Macedonio: “un violador no puede ser gobernador”. Las denuncias encienden escándalos y se viralizan en las redes sociales, pero permanecen lejos de los tribunales. Los casos se vuelven mediáticos en la rivalidad entre partidos, pero la justicia se olvida y silencia a las víctimas, que acusan hasta maltrato cuando se abren indagatorias como en otro caso: un menor de edad que denunció al diputado morenista Saúl Huerta por abuso sexual.
A la fecha se acumulan ya 81 candidatos acusados de distintos tipos de violencia de género o sexual, sin mayor sanción, igual que Salgado, quien finalmente fue depuesto por otros motivos, irregularidades en la fiscalización de su precampaña.
¿Qué significado tiene para las denuncias de las víctimas que a un candidato lo sancionen con su registro por no comprobar 20 mil pesos, pero no por delitos graves como los sexuales? Y qué además su partido le permita burlar el castigo con una maniobra para sustituirse con su hija Evelyn, como las célebres “juanitas” que pavimentaban el camino para la llegada de otros candidatos hombres. ¿Cuáles son las consecuencias de ver a partidos arropar con el fuero a acusados de estupro para que la justicia no los alcance? ¿Cuántas candidatas y mujeres afectadas querrán denunciar abusos ante la impunidad de sus agresores?
La normalización de esta clase de violencias se explica por la desaparición de las víctimas. Se visibilizan los nombres de los agresores, pero se ignoran a las afectadas en una lógica que domina la actuación de las fiscalías y que ahora adquiere carta de legalidad con la reforma a la conocida como “Ley Gertz” para la FGR. Hay que recordar la reacción del líder de Morena, Ignacio Mier, cuando dijo sobre su correligionario Huerta que “no me puedo meter…lo hizo en su vida personal”, para descartar sancionarlo; o la tentativa de Morena de “dar por muerta” a Basilia, la mujer que acusó de violencia sexual a Salgado tras archivar la denuncia. Y la respuesta “Es mi hermano y lo quiero mucho”, del senador Ricardo Monreal cuestionado sobre las imágenes que viralizaron un tocamiento indebido de su hermano David como candidato al gobierno de Zacatecas.
El abuso sexual está tipificado en la legislación penal federal y en los estados desde hace seis años, pero no hay ningún caso de éxito que envíe un mensaje ejemplar contra la impunidad cuando lo cometen políticos y candidatos. Esta clase de comportamientos están ligados al abuso de poder, por lo que las víctimas suelen estar desprotegidas e incluso bajo el temor de ser revictimizadas. Más aún con la pérdida de derechos en la reforma a la FGR que interpreta su autonomía como mayor discrecionalidad para decidir sus investigaciones y eludir responsabilidades en la persecución del delito. A cuánto ascenderá ahora la impunidad que deja sin llegar a tribunales al 95% de las denuncias de violación o abuso sexual.
Esta ley aprobada en el Congreso deja al criterio de la FGR las indagatorias de violaciones a derechos por su gravedad y relevancia social. La desaparición de las víctimas de violaciones de derechos humanos o de cualquier delito envía el mayor mensaje de impunidad que puede dar la autoridad. El regreso a una fiscalía vertical y cerrada a la ciudadanía es la mejor manera de mandar al diablo, no sólo a las instituciones, sino también a las víctimas.