NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La acusación de traición a la patria por el caso de la CIA en Chihuahua envía una advertencia inequívoca del gobierno de Sheinbaum a autoridades estatales y municipales sobre los límites de su relación con agentes extranjeros. Sin embargo, recurrir a la figura penal más grave abre la puerta a una excepcionalidad política difícil de contener cuando se quiere justificar con la seguridad nacional.
La participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua, sin autorización del Federal, detonó una grave crisis entre la Federación y el estado. La reacción presidencial expresa preocupación por la amenaza intervencionista de Trump, pero plantea un dilema: ¿cómo defender la soberanía sin criminalizar la cooperación internacional ni fracturar la coordinación intergubernamental?
La imagen del paredón de los traidores muestra hasta dónde puede escalar el conflicto. La confrontación entre Sheinbaum y la gobernadora Maru Campos por la investigación de su exfiscal César Jáuregui se degenera en una guerra de acusaciones políticas entre ellas y sus partidos, Morena y el PAN. Los mutuos reclamos e imputaciones públicas evidencian una peligrosa pendiente de degradación institucional. La coordinación resulta indispensable para enfrentar amenazas a la seguridad nacional, porque la descalificación debilita la unidad del país para defender la soberanía.
El punto no es si el delito debe investigarse, sino cómo configurar el de traición a la patria por el que se procesa a Jáuregui y determinar la cadena de responsables de la participación de agentes de la CIA en su estado. Pero equiparar el ejercicio ilegal del servicio público con traición a la patria exige probar exhaustivamente los hechos; invocar la soberanía no basta.
La distinción es decisiva. Sin pruebas contundentes de que Jáuregui pretendía comprometer la independencia o subordinar al país a una potencia extranjera, la aplicación del 123 constitucional parece desproporcionada. Además, la advertencia podría extender la sospecha a cualquier contacto con agencias extranjeras, incluso por vías legales, como pretende EU al exigir acompañar operativos en México, según New York Times.
Ese riesgo aumenta porque fenómenos como el narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero exigen cooperación transfronteriza. Defender la soberanía no implica cerrar esos canales, sino fijar reglas claras, hacerlas cumplir y sancionar las infracciones con criterios jurídicos, no según la intensidad de la disputa política.
El mensaje del gobierno plantea otros riesgos. El segundo es convertir la coordinación intergubernamental en moneda de negociación política. Las revelaciones de Campos de una conversación privada con Sheinbaum sobre las imputaciones a su exfiscal fracturan la institucionalidad y alimentan dudas sobre cuánto pesa el expediente jurídico y cuánto la disputa política.
El tercero es normalizar ese delito como arma contra adversarios. La soberanía dejaría de ser un principio compartido para convertirse en una credencial que el gobierno otorgue a aliados y niegue a críticos.
La paradoja para Morena es que, en nombre de la soberanía, reproduzca prácticas contrarias a su promesa de democratizar la vida pública. La excepcionalidad política por motivos de seguridad nacional sólo se justifica ante amenazas concretas y dentro de límites legales; nunca para blindar al poder.
¿Hay una inminente intervención o una guerra que justifique tal endurecimiento? La amenaza injerencista de Estados Unidos existe, pero no convierte en automático un delito de la autoridad en el paredón de 1867 donde fusilaron a Miramón.
La defensa de la soberanía no se mide por la severidad de las acusaciones, sino por la capacidad de hacer cumplir la ley sin usarla como instrumento de intimidación. Si la traición a la patria se convierte en una etiqueta para disciplinar a gobernadores, funcionarios u opositores, el gobierno no fortalecerá al Estado: debilitará las reglas que lo protegen.
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