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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su preocupación y rechazo ante el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, que reforma y adiciona los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la nacionalidad y doble nacionalidad para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos federal y estatales.

El dictamen reitera como requisito para ejercer los cargos de Presidenta o Presidente de la República, Gobernadora o Gobernador y Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, contar sólo con nacionalidad mexicana, prohibiendo tener o adquirir otra nacionalidad y, en caso de poseerla, pide acreditar la renuncia previa al registro de la candidatura.

JUFED consideró que dicha reforma representa un retroceso para México, además de limitar los derechos políticos de las y los ciudadanos mexicanos por nacimiento que, por diversas razones, poseen una segunda nacionalidad, sin expandir los estándares internacionales en el reconocimiento y protección del derecho a la doble nacionalidad.

Resalta que el orden constitucional mexicano, desde la reforma de 1997, reconoce la doble nacionalidad como una situación jurídica legítima. Los legisladores debieron respetar el derecho a doble nacionalidad, ya considerado en las leyes mexicanas y con ello evitar la reforma para participar en la vida política en nuestra sociedad.

La Constitución se utiliza para restringir derechos porque ante su inimpugnabilidad se sustrae de cualquier tipo de control que favorece al oficialismo, refirió la JUFED.

Sin validez constitucional
Asimismo, JUFED advirtió que el mecanismo de acreditación de la renuncia a otra nacionalidad, tal como se plantea en la iniciativa y en el dictamen, no logra un fin constitucionalmente válido.

«Tener una sola nacionalidad no garantiza que una persona respete la ley al aspirar a un cargo político y ejercerlo, como tampoco tener dos nacionalidades demuestran que se vaya a incumplir con las obligaciones frente al Estado mexicano», apuntaron.

JUFED sostiene que se debe respetar el derecho a la doble nacionalidad, lo cual no debe confundirse con la posibilidad de solicitar protección internacional, ya que una persona puede pedir protección a otro país sin ser nacional de él.

Otro de los puntos, manifestado por la Asociación Nacional de Magistrados es la preocupación de que la reforma de utilice como un mecanismo para consolidar el proyecto político del oficialismo en el poder.

Por otro lado, sugieren que podría limitar la participación de figuras políticas con trayectorias internacionales y evitar posibles controles o contrapesos que puedan surgir desde la pluralidad política, especialmente al reforzar esta restricción directamente en la Constitución para hacerla, en principio, inimpugnable.