Lo que el discurso oficial prohíbe, los “juniors del bienestar” y no pocos integrantes del gobierno de la 4T y de Morena se empeñan en contradecirlo… sin el menor pudor.
Y cuando los exponen, la reacción es siempre la misma: se proclaman víctimas de hostigamiento, espionaje o persecución política.
Ni el llamado a la austeridad republicana de AMLO ni el exhorto a la sencillez y la humildad de Sheinbaum han logrado permear entre los suyos.
El relato se quedó en el púlpito.
Durante años el fundador del movimiento construyó un discurso potente y efectivo: austeridad republicana, pobreza franciscana; que bastaba con un par de zapatos y 200 pesos en la cartera; que había que alejarse de lo material; que el poder económico no debía mezclarse con la política y que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.
No eran solo frases de campaña. Eran los pilares morales con los que Andrés Manuel López Obrador movilizó a millones y descalificó a quienes llamaba “mafia del poder” o burguesía.
Pero dice el sabio refrán popular: “Los hijos nos callan la boca”.
Y así ha ocurrido.
Cuando sus hijos —bautizados por la opinión pública como “juniors del bienestar”— aparecen una y otra vez en contextos de lujo (boutiques de alta gama, restaurantes exclusivos, viajes costosos, residencias vinculadas a contratistas y relaciones cercanas con los sectores empresariales que el discurso oficial satanizaba), el contraste deja de ser anecdótico. Se vuelve estructural.
El discurso se debilita. Pierde fuerza moral. Se convierte, para muchos, en una consigna que aplica para los demás… pero no para ellos.
El caso más reciente de Andy López Beltrán lo ilustra con crudeza.
Después de que todo el morenismo se desgañitara para defenderlo porque Estados Unidos le quitó la visa y lo convirtiera, con lágrimas de cocodrilo, en punta de lanza de la “defensa de la soberanía nacional”, el hijo de AMLO fue captado hace apenas un par de semanas disfrutando otra vez del lujo y del poder.
En plena colonia Condesa —símbolo de gentrificación— cerraron un restaurante completo para que, junto a su hermano “Bobby”, sostuviera una reunión de élite a puerta cerrada con empresarios del poder económico que su padre juró combatir.
Afuera: camionetas machuchonas y escoltas. Adentro: vinos de 15 a 20 mil pesos.
Cinco horas de cónclave privado. Sin pueblo. Sin austeridad. Sin el par de zapatos que bastaba para recorrer el país.
Con los López Beltrán el poder político y el poder económico nunca se distanciaron. Se estrecharon. Se hermanaron. Y de esa unión —según investigaciones periodísticas— nacieron contratos millonarios. Amílcar Olán es quizá el ejemplo más visible de esa hermandad.
Los hijos de López Obrador no solo han barrido y trapeado con los postulados de su padre. Los excesos y los conflictos de interés se repiten entre servidores públicos de extracción morenista, muchos del círculo más cercano al expresidente y al gobierno actual.
Presumen abiertamente el gusto por lo caro, lo excéntrico y lo sofisticado.
Ahí están: el senador Gerardo Fernández Noroña y su mansión de 12 millones de pesos más viajes en primera clase; los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras, cuestionados por ropa, joyas y accesorios de lujo; el senador Adán Augusto López que justifica su fortuna con herencias, notaría y ganado; el secretario de Movilidad del Edomex, Daniel Sibaja y su boda millonaria… y la lista de fastuosas fiestas de quinceaños de hijas de funcionarios en alcaldías con altos índices de pobreza.
En su segundo informe de gobierno, la presidenta Sheinbaum fue enfática:
“Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero, al mismo tiempo, con sencillez y humildad. Se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos, y se gobernaba para unos pocos. Eso terminó con la llegada de la Cuarta Transformación. Se separó el poder económico del poder político y se gobierna con honestidad.”
La realidad, sin embargo, insiste en contradecirla. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, está bajo escrutinio público por sus lujos; la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, por 97 vuelos privados documentados desde 2018; Carlos Ulloa, director de Birmex, por la compra al contado de dos departamentos por 22.4 millones de pesos y al menos 19 viajes internacionales.
Todos, como siempre, rechazan irregularidades y ofrecen explicaciones.
Sin embargo, el problema permanece: ¿qué tan lejos está la vida real de la 4T de la austeridad que predica?
No, no es ilegal que alguien gaste su dinero (si es legítimo) en lo que quiera. El problema no es el derecho privado a comer bien o a vestir caro. El problema es político y moral.
Cuando se construye un proyecto de gobierno sobre la bandera de la austeridad republicana, la pobreza franciscana y la separación de poderes, y luego el círculo más íntimo del poder —empezando por los hijos del fundador— actúa de manera opuesta, el discurso se vacía.
Se convierte en eslogan para consumo externo mientras por dentro se reproduce exactamente lo que se decía combatir.
La presidenta puede hacer llamados todas las veces que quiera.
Mientras no se corrija o se explique con claridad la distancia entre las palabras y la conducta visible de quienes están más cerca del núcleo del poder, la contradicción seguirá ahí, a la vista de todos.
Y cada nuevo video, cada nueva reunión cerrada y cada nueva aparición de lujo solo la harán más evidente.
La pirinola gira y cae en “todos pierden”.
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