El INE tendrá su comisión.
Más allá de sus difíciles investigaciones y cuestionables resultados, la verdadera calificación de candidatos no será en México.
Al final dependerá de la justicia de Estados Unidos y el riesgo sería su injerencia en el proceso electoral del año próximo.
En teoría desde hace tiempo existen esos controles internos, pero no han resultado efectivos porque a la postre nos enteramos de sus malas mañas y nexos.
Esa tarea la realizan la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República y otras instituciones.
Si hubieran sido eficaces, no tendríamos con licencia al gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a Enrique Inzunza Cázares alejado del Senado y otros exservidores públicos huidos y en gran aportación de datos a satisfacción de Estados Unidos.
Ni al presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, y otros alcaldes detenidos y bajo proceso por sus ligas con la delincuencia en Jalisco, Morelos y otros estados.
Tampoco conoceríamos los alcances del grupo criminal de La Barredora formado por Hernán Bermúdez Requena desde una posición de poder, la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco.
ACUSACIONES IGNORADAS
La gran decisión está en Estados Unidos, decíamos.
Porque en México poco importan denuncias como las endilgadas a Rubén Rocha Moya en las dudosas elecciones de 2021.
El golpe vino casi cinco años después desde el tribunal federal del sur de Nueva York con la acusación “de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”.
Como hay muchos cantantes -el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y el extitular de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega son los más entonados-, muchas cosas pueden pasar.
¿Qué pasaría si desde el norte hicieran nuevas acusaciones contra candidatos de cualquier partido -no sólo los morenistas- cuando estén en campaña?
Anularían las autorizaciones otorgadas por el Instituto Nacional Electoral a partir de los juicios de los consejeros Arturo Chávez, Uuc-kib Espadas y Norma de la Cruz, integrantes de la comisión recién instalada.
Y quizá no debamos esperar, pues ya están algunos aspirantes con dificultades como los bajacalifornianos Julieta Ramírez, Montserrat Caballero e Ismael Burgueño.
Todo a partir de las visas.
CLAUDIA PONE LA MUESTRA
1.- La presidenta Claudia Sheinbaum puso una muestra del derecho de las audiencias:
-Quien no quiera ver la Mañanera que no la vea -dijo ayer al desmentir sus propósitos de censura y a la vez reivindicar la facultad de toda persona qué escuchar, qué ver y qué leer en materia informativa.
Ergo, la decisión no le corresponde al gobierno calificar las notas periodísticas y análisis dirigidos a la ciudadanía, pero tampoco descalificar públicamente a periodistas y a medios de comunicación.
Muchos verían bien tal enfoque si este es el contexto bajo el cual analizará en consulta pública la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el propósito oficial de regular el derecho de las audiencias.
Se vería menos tendencia del Estado a intervenir cada vez más en un objetivo añejo, desde los setentas cuando el líder camaral Luis M. Farías no pudo reglamentar porque, argumentó, «no le hemos encontrado la cuadratura al círculo».
Y 2.- En Puebla ha tenido buena aceptación el programa del gobierno de Alejandro Armenta para impulsar la producción agropecuaria y apoyar los esfuerzos de soberanía alimentaria.
Instaló 200 módulos operativos de maquinaria donde se ofrecen tractores, sembradoras, aspersores, drones fumigadores y niveladoras a 275 mil productores.
Además, se ha dispuesto entregar oportunamente fertilizante de calidad a todos ellos.
@urenajose1
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