La Constitución de 1917 llega viva pero remendada a su 109 Aniversario.
La más longeva de América Latina, forjada tras la sangre revolucionaria, la Carta Magna ha sido convertida en lienzo donde cada grupo político en turno pinta su proyecto de nación.
Siempre ha sido reformada. El PRI hegemónico, hay que decirlo, la ajustaba para perpetuarse o negociar migajas hasta que llegó la alternancia en el poder presidencial.
Pero con la 4T de Morena –de 2018 a la fecha-, el ritmo del trompo se volvió vértigo.
Algunos registros periodísticos y del Poder Legislativo indican que desde la instauración de la llamada Cuarta Transformación, la Constitución mexicana ha sufrido reformas en casi el 70 por ciento de su articulado.
Una recopilación de El Siglo de Torreón apunta que las “modificaciones se hicieron realidad a través de 63 reformas constitucionales a un total de 106 artículos y dos transitorios de la Constitución”.
Han sido aprobadas por mayoría de votos de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México. “Cerca de 50 por ciento de las reformas constitucionales aprobadas fueron presentadas por el Ejecutivo federal”.
Los cambios tienen el sello político e ideológico del ex presidente Andrés Manuel López Obrador quien, antes y después de 2018, planteó un Congreso Constituyente para dar paso a una nueva Carta Magna.
Sin embargo, se decidió lanzar las pirinolas para ir de lleno a la reforma constitucional con el propósito de revertir el “neoliberalismo” que tanto odia y cuestiona el obradorato.
Con las modificaciones al texto constitucional, la 4T incluyó conquistas y banderas sociales como pensiones, becas y programas que, sin duda alguna, tienen un tinte electoral evidente.
También se ha centralizado el poder en nombre de la “voluntad popular”; se militarizó la seguridad pública al pasar la Guardia Nacional a la Sedena y se ha politizado la justicia con la elección popular de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Otras reformas polémicas son la prisión preventiva oficiosa ampliada; el control estatal en energía y el fin de los organismos autónomos como el INAI.
Actualmente se alista, desde Palacio Nacional, una Reforma Electoral que los opositores al régimen han bautizado como “Ley Maduro” o “Ley de la Vida Perpetua” porque advierten que el morenismo busca reducir o desaparecer a los partidos opositores para mantener el control mayoritario en el Congreso de la Unión y su permanencia en el poder presidencial.
Para expertos en derecho constitucional independientes al régimen de la 4T, las reformas de la 4T representan un vuelco a un constitucionalismo populista de izquierda, estatista y centralizador.
Argumentan que debilitan contrapesos liberales, arriesgan el estado de derecho, la inversión y democracia a largo plazo.
En respuesta, el oficialismo sostiene que las reformas priorizan justicia social, combaten corrupción elitista y democratizan el poder.
Hoy Morena es el partido dominante y las iniciativas de reforma del Ejecutivo federal pasan sin que le cambien una sola coma, cooptando votos con impunidad o favores.
¡Como en los viejos tiempos!, pero sin una oposición que ponga freno.
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