La tan nombrada consulta pública que se realizará el próximo 1 de agosto, debe tener una importancia mayor para quien mantiene la titularidad del Poder Ejecutivo en nuestro país, porque podrá poner en marcha el plan que le permita ir allanando el camino para que en el 2024 su partido y el candidato o candidata de su partido, logre no solo llegar a la presidencia de la República, sino tenga mayoría en el Congreso de la Unión y gobierne en la mayoría de los estados del país.
Es por ello que les molesta a los partidos de la oposición la pregunta que se formula en esta consulta y que va en contra de los servidores públicos del pasado que hayan malversado recursos y presupuesto ocasionado algún daño a México.
Sin embargo, podría ser también un elemento que pudiera aplicarse a los funcionarios públicos de esta administración y la oposición deberá poner en marcha esta propuesta para que sean todos los funcionarios públicos, quienes sean incluidos en la pregunta
La pregunta versa de esta manera; ¿Está de acuerdo o no y que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Esta ambigüedad con la que se expresa la pregunta permite incorporar hasta la primera mitad de este año 2021, porque ya es pasado en la actualidad, por lo que aquí se podría aplicar el exigir el esclarecimiento de las decisiones tomadas por los funcionarios de esta administración respecto a la inseguridad que prevalece en el país, la forma en la cual se confronto la pandemia del covid-19 y aún más la tragedia en la línea Dorada del Metro en la CDMX.
Es en esta pregunta donde también queda abierta la respuesta que se refiere a “Garantizar los derechos de las posibles víctimas”, y es donde entran todas aquellas personas que han muerto por causas atribuibles a las decisiones tomadas por los funcionarios públicos permite juzgar a todos los funcionarios públicos que han tomada malas o tardías decisiones.
Por lo tanto, como no especifica fecha alguna, los familiares de las más de 230 mil personas fallecidas por covid-19, de acuerdo solo a números oficiales, deberán encontrar una respuesta, también los familiares de las más de 72 mil personas que han muerto por homicidios o las mujeres que han muerto y las personas han sido víctimas del crimen organizado, también los 26 fallecidos en el percance de la línea Dorada y que hasta el momento no se han podido responder de manera clara
Hasta ahora no existen culpables sobre las decisiones tomada para combatir el virus chino, el evitar que el crimen organizado salga a la calle solo para amedrentar a la ciudadanía e imponer temor y sobre porque no se otorgó el mantenimiento adecuado a la línea 12, esto también deberá ser aclarado, juzgado y puestos en manos de la ley a los culpables
Es cierto que en la cámara de diputados la bancada priista propuso, mediante un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, que el Poder Legislativo haga un exhorto al Instituto Nacional Electoral (INE) para que en las papeletas de la consulta popular se incluyan, en el espacio reservado a la descripción del tema de trascendencia nacional, el tema de Covid-19 y de la Línea Dorada y no estaría de más, la pregunta sobre la inseguridad pública, pero no ha habido alguna respuesta.
Entonces, reitero, la pregunta no define un periodo específico, por tanto, en una interpretación de la ley, cabe la posibilidad de abarcar actos políticos de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Dicen los legisladores del PRI, que la pregunta de la consulta no cambia, la redacción realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el INE debe acatar el mandato; sin embargo, en el formulario impreso la ley establece como requisito hacer una breve descripción del tema de interés nacional, por lo que sí es factible mejorar el texto, el cual incluiría las referencias a estos tres sucesos de gran trascendencia.
La pregunta aprobada por la SCJN no menciona a ningún ex presidente o se refiere a decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos específicos, por lo que da la oportunidad de que en esta pregunta también entren los funcionarios públicos de esta administración y el mismo Andrés Manuel López Obrador.
Entonces la oposición deberá señalar que el pasado empieza desde el día de ayer y todos los funcionarios que han realizado un acto con resultados negativos para México y sus pobladores deberán ser enjuiciados conforme a la ley.