NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El fuerte posicionamiento ante jueces del mundo de la presidenta de la Corte, Norma Piña, contiene palabras clave con que replica los ataques de López Obrador y Morena contra el Poder Judicial. Pero también deja ver las grandes debilidades del propio tribunal para defender la división de Poderes sin el respaldo de una ciudadanía que se sabe excluida de la justicia y lejana a las decisiones de los juzgadores.
La ministra aprovechó el Congreso Mundial de Derecho para hacer una airada defensa de la independencia judicial frente a la disputa política que vocifera en la cara de la Corte y el recrudecimiento de la ofensiva de la 4T con la solicitud de juicio político contra cuatro de sus ministros. “Persiste la tentación de que los tribunales constitucionales se reduzcan a la idea de replicar la voluntad de un solo hombre”, dijo en alusión a López Obrador, aunque matizado como riesgo global para la democracia.
En el ojo del huracán desde que llegó al cargo en enero pasado, la declaración busca encender focos rojos sobre el diferendo con la 4T y su reforma al Poder Judicial para elegir a los ministros por voto popular, que aprobaría si logra mayoría calificada en el Congreso. Pero independiente de ello, la Corte pierde en el cara a cara sin intermediarios con López Obrador por su gran desventaja de la distancia con la ciudadanía, con la que además no puede interactuar en la arena política, y mucho menos enfrentar a un mandatario con más de 60% de aprobación social.
La Corte está en un verdadero problema porque, como acepta Piña, la única manera de defender su independencia es acercándose a la sociedad, pero la visión autoritaria de los juzgadores la mantiene alejada de ella. Ése es el punto de mayor debilidad de la Corte y donde hacen diana los ataques de deslegitimación como casta privilegiada y poder corrompido; además del reclamo de la 4T de bloquear al gobierno y las obras de su sexenio.
Los reclamos contra juzgadores por liberar criminales y decisiones injustas no son nuevas, ni empezaron con la 4T. La ciudadanía ve a la independencia judicial como un asunto de la relación (o las peleas) entre Poderes, del que se siente lejano. La idea de defender la división de Poderes le parece un choque por canonjías y concesiones de los juzgadores, lo que no es extraño si lo que vive es la negociación con la justicia o el espectáculo de la judicialización de las campañas. Nada de esto repercute en el acceso a la justicia de las víctimas, sus derechos humanos y la impunidad en un país saturado de violencia.
Por ello la justicia tiene un rol marginal para atraer la demanda de pacificación de la ciudadanía. Se dirá que, sin independencia, la justicia es imposible, pero su permanente obstrucción y la impunidad muestran que con ella tampoco avanza. ¿Cómo puede percibir la sociedad la importancia de la autonomía de la Corte con un índice de 93% de impunidad criminal y la percepción de que en el país no hay justicia? ¿Qué puede pensar de la división de Poderes la decena de personas que a diario entran a una cárcel sin un fallo judicial y podrían esperar años sin sentencia, mientras se liberan líderes del narco?
Tiene razón la ministra Piña cuando llama a jueces y magistrados a entender la independencia judicial como garantía para los derechos humanos y no tenerla como un hecho dado. La última reforma judicial, que presentó el ministro Zaldívar en 2021 como la más importante en los últimos 30 años, tampoco ha brillado por mejorar el acceso a la justicia. Pero mucho menos en comunicar a la sociedad los verdaderos obstáculos para colocar los derechos humanos en el centro de las decisiones de los juzgadores, ni los “picos históricos” de violencia e impunidad en el actual sexenio.
Lo cierto es que ninguna reforma tendrá éxito, ni las anteriores ni la que pretende López Obrador del Poder Judicial, si no logra traducirse en descenso de la impunidad, el factor decisivo de la falta de credibilidad y confianza en la Corte. Pero tiene razón Piña cuando llama a jueces y magistrados a entender la independencia judicial como garantía de los derechos humanos y que en el fondo es una llamada a cambiar su actitud hacia la sociedad.