NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El presidente López Obrador y Morena se lanzan contra la Corte para convertir el revés jurídico por invalidar el plan B de la reforma electoral en un triunfo político en las urnas. El máximo tribunal, en los próximos meses, será “caballo de batalla” de narrativas de conspiración que sitúan al Poder Judicial como actor de una estrategia de golpe blando de sus adversarios para frenar la marcha del gobierno.
La discusión comienza a ya no ser sobre una reforma, sino a la falta del debido respeto a los procedimientos y reglas de juego democrático para reformar la ley, lo que abre riesgos al desacato o, a propósito de golpes suaves, buscar una mayoría en las urnas para deponer a la Corte actual con ministros electos popularmente, sin otro antecedente que la resistencia a algunas de las mayores reformas de gobierno.
El choque con la Corte no es nuevo ni la forma de justificarlo por confabulaciones, pero los riesgos para la estabilidad política son cada vez más predominantes. Parte de la idea que hay en la 4T de que la oposición tiene pactos con poderes económicos y fuerzas conservadoras para atacarlos a través de las instituciones sin tener que emplear medios violentos, como los fallos judiciales. Diversas experiencias en Latinoamérica contra gobiernos de izquierda, como en Brasil o Argentina, avalarían una teoría que, dicho sea de paso, es útil para cohesionar y mantener unido a su partido con la construcción de enemigos visibles en las urnas.
El mayor riesgo de esta retórica es que intoxica el debate público y la democracia, como cuando se traga o inhala algo que enferma. Pero alertar de sus efectos no implica montar la defensa de los ministros, entre los que hay quienes no simpaticen y sean contrarios a López Obrador. En el mundo, ningún juzgador es químicamente puro, pero aquí lo que importa es revisar sus actos públicos, no sus preferencias y valores. Una mayoría de 9 de ellos decidido invalidar reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la de Responsabilidades Administrativas por violaciones al procedimiento legislativo, mientras que las dos restantes votaron en contra por creer que éstas no son tan graves para anularlo.
El fallo contra el plan B fue celebrado por las minorías opositoras “mayoriteadas” en el Congreso, que antes, cuando fueron mayorías, también exhibieron desaseos legislativos y hasta sobornos para aprobar leyes, como en el Pacto por México, sin calar en el corazón de la justicia. El resultado para ellos era previsible por las evidencias de las irregularidades del proceso parlamentario y, por tanto, no habría lugar a argüir un complot antigobierno; aunque es muy poco común encontrar antecedentes de anulación de reformas de gran calado por violaciones al procedimiento sin entrar al fondo de la materia.
El fallo, en lectura optimista, podría ser un hito en la defensa de las reglas parlamentarias como criterio básico del control constitucional. Hay muchos ejemplos de transgresiones constitucionales de la propia Corte, como su aval a ampliar el cargo de 4 de 7 magistrados electorales, a pesar de vulnerar, sin protesta, la independencia judicial. En el caso del plan B será antecedente para invalidarlo en su totalidad, además de las últimas 20 reformas que Morena y sus aliados aprobaron en fast track en el Senado en sede alterna, sin discusión ni presencia opositora.
El parón de la Corte a todas estas iniciativas alienta la crítica oficial de sustituir el Congreso para oponerse a López Obrador. El choque y sus razones son graves. Una, porque los intereses sobre la Corte y la violación de las reglas del juego erosionan los procedimientos para legitimar las leyes e invitan al desacato. Y, segundo, porque las teorías conspirativas agravan el malestar hacia las instituciones, aunque el Presidente gane políticamente aprovechando la desconfianza a la justicia para resarcirse de un traspié jurídico. López Obrador ya ha estallado contra la Corte con duras descalificaciones, como un poder “podrido”, y llama a votar un plan C para lograr una mayoría que la reforme.