En su conferencia matutina de hoy, la presidenta narró el acoso que sufrió al caminar de Palacio Nacional a la sede de la SEP y advirtió contra la revictimización que “supera ya todos los límites y puede encuadrar, incluso, en la Ley Olimpia”. El episodio abrió la reunión, mientras crecen los reclamos por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo
La presidenta describió el acoso que padeció y confirmó que ya presentó la denuncia. Sostuvo que la ruta era corta y que así llegaría más rápido, defendió su estilo de cercanía con la gente y lanzó una crítica directa al diario Reforma por revictimización. El presunto responsable, Uriel “N”, de 33 años, ya fue detenido, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que habría agredido también a dos mujeres en la zona. En paralelo, persisten las exigencias de resultados por el homicidio de Carlos Manzo, que mantiene al país pendiente de respuestas.
La conferencia de este miércoles arrancó con un relato en primera persona. La presidenta Claudia Sheinbaum reconstruyó su caminata por el Centro Histórico, el acercamiento no consentido de un hombre en aparente estado de ebriedad y el tocamiento abusivo. Confirmó que ya interpuso denuncia y subrayó el sentido de su mensaje: “Eso supera ya todos los límites, es un asunto de calidad humana, fuera de toda ética y moralidad; pero, además, si uno lo cataloga, puede entrar, incluso, en la Ley Olimpia o en la revictimización”.
El enojo oficial se enfocó además en la cobertura del diario Reforma. La mandataria acusó revictimización por la forma en que difundió el material y reclamó estándares de tratamiento de imágenes y testimonios. Colocó así la disputa comunicacional en el terreno de la ética periodística, al tiempo que anunció que, pese al incidente personal y mediático, mantendrá su esquema de cercanía y no reforzará su seguridad, salvo alerta específica.
En lo operativo, defendió su decisión de salir a pie de Palacio Nacional a la SEP, el pasado lunes, porque —dijo—, la ruta es muy corta y caminando “llegaba más rápido”. El trazo de calles confirma un trayecto de 650–750 metros desde Palacio Nacional, borde de la Catedral, República de Guatemala, Luis González Obregón y las inmediaciones de República de Brasil, donde se ubica la sede de la dependencia educativa.
Sin detenciones, el recorrido toma aproximadamente entre 8 y 10 minutos; con saludos, prensa y ayudantía abriendo paso, puede alargarse hasta 12–18 minutos. Un convoy con ruta coordinada habría empleado tal vez 3 o 4 minutos, con menor exposición física, como la que enfrentó de forma sorpresiva. Ese dato respalda la incongruencia del “más rápido caminando”; en un entorno saturado, a pie no se llega antes. La presidenta explicó por qué optó por salir a pie: la SEP “está muy cerca”, “son cinco minutos caminando”, y así —dijo— llegaría más aprisa.
Ahí nace el punto de choque con los analistas. En un entorno saturado, caminar con anillos de resguardo no acelera, sino que alarga el tiempo de llegada e incrementa la exposición. Si la meta era el reloj, la elección resultó débil. Si el objetivo era la “cercanía”, entonces el argumento de temporalidad y velocidad operó sólo como recurso retórico, mientras el efecto real fue otro, porque el episodio abrió y marcó la agenda de este miércoles a nivel nacional desde su conferencia.
Los números mandan sobre el uso del tiempo de la conferencia matutina.
Entre exposición y preguntas, el tema tomó 17 minutos de los 130 que duró el evento. Ese 13 por ciento marcó el tono de la franja más influyente de la mañana y condicionó las primeras preguntas. No se trata de un simple detalle técnico, porque es la llave que abre y ordena la conversación nacional.
Pero el contexto mayor, el tema del asesinato de Carlos Manzo, perpetrado el pasado 1 de noviembre en Uruapan, apenas si se movió. La viuda, Grecia Quiroz, asumió el relevo institucional, mientras las autoridades prometen resultados. La agenda pública esperaba esta mañana un parte robusto sobre posibles autores materiales, móviles y la cooperación entre niveles de gobierno en torno a la investigación.
Una parte amplia de la conversación —analistas, opinadores, usuarios activos en redes—, sostiene que el episodio de la caminata operó más bien como una “cortina de humo” para minimizar los daños a la estructura presidencial, luego de que Claudia Sheinbaum rehuyera asumir su total responsabilidad en el homicidio y atacara a la oposición, a los conservadores, a la derecha, a los medios, a los críticos y a los “comentócratas carroñeros”.
Sin embargo, también hay que decir que no se afirma un montaje sin pruebas de ello; sólo se describe un efecto. La prioridad del día, el peso de la conferencia matutina que marca la agenda, se desplazó del homicidio del alcalde, hacia el relato del acoso a la presidenta y sus derivaciones.
El orden elegido por la Presidencia fue claro: primero, la escena personal —con fortaleza emotiva y resonancia social—; después, los demás asuntos, incluido Uruapan. Para muchos ese guion no es casual, porque convertir un agravio de la mandataria en política pública inmediata —denuncia, armonización legal del acoso en los estados y campaña nacional—, permite instalar un marco favorable que ocupa titulares, vertebra mensajes y amplía el tiempo de la interlocución.
Desde esa arquitectura, el caso Manzo quedó encapsulado; apareció después, con menos aire y bajo un formato más acotado, mientras la discusión central se concentró en la denuncia de la presidenta, el reproche al periódico Reforma y la promesa de una campaña. El crimen que sacudió a Michoacán, en cambio, exige datos duros: detenciones sostenidas, hipótesis contrastadas y un calendario mínimo de resultados, del que no se exteriorizaron detalles.
La Presidencia, ante el episodio del lunes, sostiene un argumento político reconocible: “cercanía” con la gente, puertas abiertas, caminatas para mantener contacto directo; una modalidad, un sello que tiene rédito simbólico. Pero, al entrecruzarlo con la explicación del trayecto donde se suscitaron los hechos y la determinación de llegar a la SEP —donde tendría lugar la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación—, “más rápido caminando”, asoma una incongruencia. En zonas densas, el traslado a pie de una jefa de Estado es invariablemente una marcha más lenta y más impredecible que una ruta vehicular coordinada.
El choque de la presidenta Sheinbaum con el diario Reforma embona en ese diseño. Tras la denuncia, la acusación de revictimización ordena la conversación mediática: se discute cómo contar, qué difundir y dónde trazar límites éticos. Es un terreno en el que ella puede ocupar la iniciativa moral y política, y que desplaza el centro de gravedad informativa hacia el tratamiento del episodio, no hacia el expediente criminal de Uruapan.
Quienes acusan distracción deliberada señalan esa secuencia: se trata de un hecho personal con fuerte resonancia social; su conversión inmediata en agenda gubernamental genera una disputa con un medio hegemónico, y finalmente sitúa el reencuadre explosivo de un asesinato político en segundo término. La discusión ya no es si hubo acoso —lo hubo y es muy condenable—, sino si el uso comunicacional opacó el asunto más grave de los últimos días.
El reclamo potencial social hacia la Presidencia no pide minimizar la agresión que Claudia Sheinbaum sufrió. Pide proporción. Si el terrible homicidio de un alcalde como Carlos Manzo revela fisuras de control estatal, entonces requiere, demanda, la máxima prioridad en la tribuna nacional, con tiempos, datos y compromisos verificables. Y esta vez ese estándar no se cumplió en la franja decisiva del día.
Hay, además, una consecuencia pedagógica. Al elevar un percance como el de este martes a la categoría de bandera y convertirlo en regulaciones y campañas, el gobierno se coloca además en la posición de exigir a los medios un ajuste de prácticas —evitar revictimización—, mientras la sociedad exige al gobierno resultados equivalentes en seguridad y justicia, pero al parecer la vara queda muy alta para ambos.
La ruta física que emprendió ayer la presidenta ayuda a entender el momento político. Caminar por Moneda y Seminario, bordear la Catedral, seguir por Guatemala y Obregón hasta Brasil, luce sencillo en un mapa, pero no lo es para una mandataria rodeada de cámaras y gente. Donde el trazo indica 8–10 minutos, el mundo real introduce saludos, bocacalles, empujones y riesgos. Ese trazo vuelve coherente la conclusión de que a pie, en esas condiciones, no se llega más rápido.
Ante este panorama quedan preguntas abiertas. ¿Qué protocolos se ajustarán para que la “cercanía” no derive en nuevos incidentes y para que la investidura conserve control del entorno sin aislarse? ¿Qué calendario de información ofrecerá el gobierno sobre Uruapan para evitar que la conversación se pierda en el ruido de temas que algunos consideran “cortinas de humo” y distractores? ¿Cómo garantizar que la denuncia de hoy no sustituya el parte de seguridad que se demanda?
En el terreno judicial, la pieza inmediata es el expediente de Uriel “N”. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el hombre, de 33 años, además del acercamiento a la mandataria, agredió a dos mujeres más en calles del Centro Histórico. Tras ubicarlo, fue asegurado y remitido al Ministerio Público. En redes sociales circularon versiones que lo señalan como cercano a personal de ayudantía; no existe confirmación oficial y ese punto quedó sujeto a verificación.
Si la autoridad sostiene que también agredió a otras mujeres, el caso exige una acusación sólida y seguimiento público. Esa consistencia procesal será clave para que el mensaje contra el acoso no quede en un recurso de oportunidad propagandístico.
Pero en la arena política el desafío es otro. La gestión de la crisis en Uruapan definirá si el gobierno puede recuperar el centro de la conversación con información dura y resultados ciertos. Si ese flujo no ocurre, la lectura de una posible “cortina de humo” seguirá creciendo, con alto costo de credibilidad.
La conclusión es doble y admite ser tajante.
Primero, el acoso que sufrió la presidenta es reprobable y la denuncia, sin duda, era obligada. Segundo, el modo en que se administraron los minutos de la conferencia matutina desplazó el primer plano que obviamente merecía el asesinato de Carlos Manzo. Aquí no se trata de negar un agravio, sino de ordenar prioridades frente a un país que alarmado y sensible pregunta por su seguridad.
Este miércoles, 17 minutos bastaron para fijar la agenda. El resto del tiempo debería alcanzar para responder, con la misma intensidad, las preguntas que deja un alcalde asesinado y un estado como Michoacán, donde impera la ley de las gavillas de los cárteles y el crimen organizado.
Y bien vale una reflexión a fondo, porque si esas respuestas no llegan al grueso del país —y principalmente a los michoacanos, víctimas directas de esta tragedia—, cualquier relato de agravio personal, por más realista y auténtico que sea, corre el riesgo de parecer sólo persuasión sin sustancia. A eso nos han ido acostumbrando.
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