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Como se quiera ver, la embestida actual contra el Poder Judicial a través del sofocamiento económico expresado en dos vías; la cancelación (y asimilación), de los fideicomisos de sus pensiones y otros beneficios, más la cuchillada en el presupuesto en elaboración, no son lo más grave en este intento gubernamental de anular la independencia judicial y lograr así un poder sin equilibrio. Un poder –por definición–, desequilibrado.
Lo peor está, por venir y forma parte de un proyecto perverso llamado Plan C, cuya finalidad no es una especulación; es un propósito claro y declarado por el presidente de la República: un Poder Judicial alineado (¿alienado?) a las necesidades de la Cuarta Transformación.
En muchas ocasiones López Obrador se ha referido a quienes se portan bien en contra de quienes lo hacen en sentido contrario. Incluso se ha quejado públicamente de la traición de quienes él propuso para su designación en la Suprema Corte de Justicia (Margarita Rios Farjat y Juan Luis González Alcántara), y han tenido la tentación de creerse independientes. Y lo han sido, en contratos con el paniaguado Arturo Zaldívar Lelo (muy lelo) de Larrea.
Pero más allá de la personalización hay un asunto de fondo, el más grave.
La separación de poderes, desde el legislativo, para comenzar, es francamente ilusoria.
Como los diputados y senadores no representan a los ciudadanos, sino a los partidos bajo cuyas siglas se han consagrado como padres conscriptos, las votaciones sobre proyectos fundamentales para el gobierno, los procedentes de la iniciativa presidencial, sobre todo, se votan en bloque. Ahí la posibilidad de contrapeso depende del número de curules y es una disputa entre posición y oposición, en defensa cada quien de su proyecto propio, no siempre del interés ciudadano. Cada quien lo aprovecha e interpreta como le conviene.
Por eso ahora la clarinada a la tropa morena es para conquistar el Congreso y así lograr la docilidad abrumadora de una mayoría dispuesta a pagar con su voto los favores recibidos por el partido.
Pero como en la Corte y demás tribunales los jueces no dependen de los bloques partidarios, ni de la votación ciudadana dominada por la propaganda, la dádiva y el engaño, es necesario meterlos en esa categoría, llevarlos al terreno electoral donde por ahora Moena y sus aliados parecen invencibles. O al menos hacen todo por serlo.
El futuro no depende, por eso, tanto quien se alce con el Ejecutivo. Depende de la salud del Congreso. Si los morenos se alzan con el Palacio Nacional y el Congreso, en muy poco tiempo convertirán el Poder Judicial (eficaz hasta ahora a pesar de sus muchos actos de corrupción), en una dependencia más de Morena.
La partidización del trabajo político en las cámaras de senadores y diputados es normal e indispensable, excepto si todos los congresistas procedieran de una inexistente reserva nacional de ciudadanos con acceso libre a las papeletas, pero un registro independiente sufre tantas complejidades burocráticas de firmas, asambleas y etc., etc., como para lograr el desistimiento de cualquiera.
Pero el sistema no funciona así. Funciona a través de los partidos.
Es muy notable como en tiempos recientes, los gobiernos de tentación populista persiguen el sometimiento de jueces, magistrados y ministros.
Además del nuestro, tenemos dos ejemplos entre muchos más: Fernández, en Argentina y Netanyahu, en Israel. Ambos querían lo mismo. En muchos casos la confrontación constitucional o los juicios de amparo han frenado los excesos presidenciales. La respuesta ha sido implacable por parte del ofendido.
Los amparos y los votos en contra no son expresiones democráticas ni herramientas del Derecho; son recursos para el regreso de la corrupción (de otros) y los privilegios del viejo régimen.
Por eso los trabajadores del PJ, ayunos de privilegios, defienden su futuro, sus pensiones, entre otras cosas, no los privilegios del pleno cierran calles y avenidas. Les quieren birlar 15 mil millones de pesos.