Culpable o no, la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, representa para el oficialismo una auténtica «bocanada de oxígeno» político.
Después de semanas en las que la agenda estuvo dominada por errores y escándalos oficiales, la narrativa dio un vuelco conveniente: «en la oposición también hace aire».
Pero en política, como bien se sabe, la percepción es… y muchas veces pesa más que la realidad.
No es casualidad que el primer gobernador del PAN en la historia política del país haya terminado en el penal del Altiplano, donde la Fiscalía General de la República (FGR) despliega todos los oficios necesarios para mantenerlo ahí mientras se le investiga por delincuencia organizada y huachicol fiscal.
Y más que una casualidad, parece sincronía política. Porque el caso Ruffo no solo tiene componente judicial: corre en paralelo una clara estrategia política para golpear a la oposición —especialmente al PAN y al naciente Somos México— de cara a las elecciones intermedias de 2027.
Ruffo no es un panista cualquiera: es el símbolo de la alternancia de 1989 en Baja California y actualmente forma parte del Consejo Consultivo Ciudadano de Somos México, el partido que surgió de las protestas callejeras contra el obradorismo y que busca capitalizar el descontento rumbo a la renovación de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.
En la conversación mediática y digital la discusión se ha polarizado. Mientras la dirigencia nacional de Morena respalda la investigación de la FGR contra el exgobernador, la oposición denuncia justicia selectiva, Estado de Lealtades y uso político de la Fiscalía.
Algunos incluso señalan que el caso sirve como distractor ante las crecientes acusaciones de pactos y delaciones por parte de figuras relevantes del partido en el poder.
Entonces aquí hay una pregunta obligada: ¿Se está utilizando a la Fiscalía General de la República como brazo operativo para debilitar a los adversarios rumbo a 2027?
Porque todo proceso judicial tiene un origen… pero también puede tener un destino político.
Y el reloj de las elecciones intermedias ya empezó a correr, mucho antes de que el Instituto Nacional Electoral de oficialmente el banderazo de salida. ¿O también hay miopía de su parte?
Sin embargo, por más útil que resulte el caso Ruffo para cambiar la conversación, hay asuntos que el oficialismo no consigue dejar atrás. Ahí está el caso de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar, que entre más le rasca al tema de los audios, más se hunde.
Ella misma reconoció que las grabaciones son verídicas. Se declara víctima de una traición, busca culpables en la acera de enfrente y, el fin de semana, se contradice en un mensaje que difundió en X.
Difundió otro vídeo para decir ahora que solo escuchó sin comprometerse a nada. Pero en la grabación hay diálogos. Señala que «estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar”.
Y para que Estados Unidos le restituya la visa que le cancelaron, ofreció decir lo que ha escuchado en mesas de seguridad.
La gobernadora debería entender que cambiar de estanque no hace desaparecer el croar de los “sapos” y que, quiéralo o no, se ha convertido en un referente vivo de La Fábula de los Sapos del Estanque Guinda que publicamos en la entrega pasada.
Así que… los trompos siguen girando. Las pirinolas siguen cayendo. El reloj rumbo a 2027 no se detiene. Lo preocupante sería que, además de los ciudadanos, comenzaran a votar las instituciones.
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Vía @LineaPoliticaMX
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