La economía no crece, y “como dijo Don Teofilito”, ni crecerá, mientras México no recupere al Poder Judicial que tenía antes de la ilegal reforma constitucional realizada con un Golpe de Estado técnico, perpetrado con la inmoral complicidad de algunos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que concedieron sin razón ni fundamento alguno, aprovechándose de su carácter de Tribunal de última instancia para resolver cualquier situación de índole electoral, al concederle a morena y sus aliados una sobrerrepresentación que los llevó a tener curules en la Cámara de Diputados que los llevaron a una mayoría de más del 70%, cuando su participación electoral en la urnas rondaba alrededor del 40%. Ese Golpe de Estado entonces no le preocupó a la Magistrada Mónica Soto, que ahora, muy digna, renuncia a su cargo por las presiones que el gobierno le ha impuesto para las venideras elecciones federales del 2027.
La presidente, con su soberbia que supera a los monarcas absolutos del siglo XIX, creía que esta situación no afectaría a la decisión de inversionistas, mexicanos y extranjeros por igual, de poner sus capitales en riesgo para establecer empresas; para empezar, ante unas autoridades fiscales agresivas en la recolección de impuestos, y autoridades aduanales corruptas que se aprovechan de la vulnerabilidad que se ha generado para combatir sus embates arbitrarios de achacar incumplimientos a diestra y siniestra en contra de los contribuyentes, así como de los importadores y exportadores.
Aunque quedan aún juzgadores de la vieja escuela que aplican la ley conforme a su justa interpretación, eventualmente, sus resoluciones son echadas abajo por los tribunales de apelación o por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación que se queda corta, con la ridiculez de sus resoluciones, ante la Tremenda Corte de Trespatines.
Por todo ello, es importante considerar cómo revertir estas pifias del régimen, que, por lo pronto, ya comprendieron que seguir destruyendo al Poder Judicial no les trae dividendo económico alguno, por lo que, por ahora por lo menos, han pospuesto la elección de la segunda mitad de juzgadores para el 2028 y establecidos criterios de evaluación de las candidaturas de forma más estructurada. A saber:
- Verificación de requisitos constitucionales y legales.
- Exámenes de conocimientos.
- Criterios y metodologías comunes para los tres comités.
- Valoración de conocimientos técnicos.
- Honestidad y buena fama pública.
- Competencia y antecedentes académicos y profesionales.
- Selección de las cuatro mejores evaluadas.
- Insaculación pública para definir las postulaciones finales.
Lo anterior es un intento de hacer las cosas mejores, pero mi opinión es que debe revertirse por completo lo destruido del sistema y, con una reforma constitucional, regresar a los juzgadores que perdieron su trabajo a los puestos que tenían y remplazar a los faltantes con los criterios de designación que existían antes de la reforma constitucional que destruyó al Poder Judicial, y claro, destituyendo a todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con nuevos integrantes, dando oportunidad a los anteriores a que regresen a sus cargos (aunque las tres ministras obradorcitas se queden, pudiendo iniciar luego juicio político en contra de la Ministra Esquivel por plagiaria y en contra de la Ministra Batres por incapaz.
Y para completar una auténtica reforma judicial, es necesario restructurar por completo a la Fiscalía General de la República, para garantizar su real autonomía y para eliminar las múltiples pifias que el sistema prejudicial que tenemos con dicha Fiscalía se ocasiona, haciendo un profundo análisis de lo que implica un cambio total para asegurar su eficiencia, estableciendo efectivos controles anticorrupción.
Además, es necesario reestablecer el sistema de amparo que este régimen también destruyó, y eliminar la prisión preventiva oficiosa que atenta en contra de los derechos humanos, y reestructurar adecuadamente el delito de delincuencia organizada para que se aplique únicamente a los criminales que se coluden en el narcotráfico, trata de personas, extorciones y delitos de alto impacto y evitar que se utilice como delito comodín del régimen para atacar a sus opositores.
Todo lo anterior sería solo un primer paso para recuperar nuestra República y libertades que se nos arrebataron por el obradorato que invadió al país como droga y cáncer terminal. Apliquémosle quimioterapia y radiaciones para aniquilarlo.
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