NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La confrontación, sin precedente, entre poderes Ejecutivo y Judicial, y la Fiscalía general y locales, es combustible que aviva el incendio de las guerras del narco desde Sinaloa hasta Chiapas. La pugna distrae al gobierno de Sheinbaum del dominio de la agenda de crisis y deja vacíos de autoridad que obstaculizan la coordinación con gobiernos estatales por los que se expande la violencia. La articulación de movimientos con gobernadores y fiscalías del Plan Nacional de Seguridad para atajar la violencia está bajo sangre y fuego en estados con autoridades ausentes. En Sinaloa, la batalla lleva ya 45 días entre versiones encontradas de la FGR y la local sobre el asesinato del exrector Héctor Cuén, que oscurecen la posibilidad de determinar la detención de El Mayo Zambada que originó la guerra entre fracciones del poderoso Cártel de Sinaloa. Ante la situación caótica de la refriega con el Ejército, el gobernador Rocha parece un florero adornado de deslindes y evasivas cuando la lumbre ya llegó a los aparejos y el narco le declara la guerra; que Sheinbaum niega que exista ahí y también en Chiapas, aunque se desplazan más soldados.
A pesar del caos, Rocha se refugia en el silencio ante las acusaciones de “montaje” de la FGR contra la justicia local en el caso de Cuén y desconoce la relación que tenía con El Mayo Zambada. Su actuación es contraria de la que se podría esperar de cualquier gobernante en una situación extrema, cuando las llamas en su estado crecen tanto que debe actuar de inmediato para controlar su escalada; o cómo prefiere marcar distancia de la zona, como si nada pasara o fueran hechos aislados y que, por desgracia, se replica cuando el epicentro de la violencia se desplaza a otros estados, como el caso de Chiapas.
El vacío institucional en ese estado fronterizo también es palmario por la evidencia de otro gobierno desaparecido, pese a la preocupación de que derive en un conflicto civil provocado por el crimen o poderes locales —paramilitares— interesados en que ocurra. El asesinato del padre Marcelo Pérez no es un hecho aislado de la captura territorial de los cárteles, que tienen a las comunidades al borde de su nivel de resistencia. Su crimen fue una crónica anunciada y expresa la amenaza de guerra civil, como lo advierten organizaciones y el EZLN desde hace tres años, y que no ha hecho más que crecer en la orfandad de acción de las autoridades para proteger a las comunidades.
La desaparición del líder espiritual de la Iglesia autóctona es un ataque a un símbolo de paz por su labor como intermediario en los conflictos entre comunidades enfrentadas por añejos problemas de tierras y de su resistencia al crimen. En el último pronunciamiento del defensor de derechos humanos, en septiembre pasado, advertía que Chiapas es una “bomba de tiempo” y que, si no se toman medidas, “va a estar sometido, esclavizado, al crimen organizado”. También ahí, como en Sinaloa, las acusaciones de vínculos de grupos en el gobierno con los cárteles pasan inadvertidas al gobernador Rutilio Escandón; tanto como la extrema tensión por los ataques y provocaciones que ya obligaron al desplazamiento de 15,000 personas. ¿Cómo coordinarse en medio de ausencias o enfrentamiento entre poderes?
El patrón oficial del silencio se reproduce ahí, donde se desplaza la violencia, con el agravante de que los ataques a personajes reconocidos de la comunidad elevan la visibilidad de los crímenes y dejan el mensaje de que ninguna figura política está a salvo, por igual en Chilpancingo, San Cristóbal o Coahuayana. Peor aún las declaraciones de políticos como Patricia Armendáriz sugiriendo vínculos del padre Marcelo y la Iglesia con el narco que criminalizan y hacen objetivos más vulnerables a los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
La inacción de los gobernadores de Chiapas y de Sinaloa es muestra del desafío para la estrategia de coordinación de la Presidenta, que no superará tratando de negar que hay una guerra en ambos estados o que la violencia son hechos aislados. Pero, sobre todo, porque el vacío institucional puede extenderse a otros actores políticos que ven en el cambio de gobierno oportunidad de reconquistar márgenes de autonomía después del control férreo del liderazgo de AMLO. Ahí, una posible explicación de la ola de violencia que recibió su llegada y que es la mayor prueba para el Plan de Seguridad, tanto como para la resistencia de la sociedad