NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La Corte es escenario de la lucha política porque son pocos los conflictos de poder que no van a los tribunales. El plagio de la ministra Jasmín Esquivel es un golpe seco a su credibilidad, pero el caso no puede verse desvinculado del rol central del máximo tribunal en la disputa política del actual gobierno. El escándalo es otro episodio de confrontación en la esfera judicial que arrastra su prestigio y el de otras instituciones involucradas, como la UNAM, por la implosión de una tesis.
No es el primero, Peña Nieto también plagió parte de su tesis, pero no había el grado de enfrentamiento político de hoy. Con el actual gobierno cada vez más sale a la luz y toma forma jurídica sobre temas que más indignan, como la corrupción de impartidores de justicia. La judicialización es una estrategia para trasladar el conflicto de intereses políticos a jueces y magistrados, a los que atrapa en situaciones vergonzantes. Es el caso Esquivel, que ella misma agravó cavando en su propia deshonra.
Pero no sólo ella cayó en la trampa de evitar y politizar el tema. El plagio es una estafa grave y un acto de corrupción por el que la ministra debió disculparse, y en su caso, dejar el cargo, por poner en entredicho su trayectoria y la confianza en la Justicia. No lo hizo, por el contrario, disminuyó más su tamaño como en una implosión por buscar controlar el daño con la inculpación de otros, como a su asesora de tesis, Martha Rodríguez, ya despedida de la UNAM por falta de probidad y honradez como académica.
Sin embargo, su expulsión fue insuficiente para librarse de un conflicto que acabó en confrontación con el gobierno. “¡Que la UNAM haga la denuncia de plagio y se deje politiquerías”, le reclamó López Obrador, que antes había acusado al rector Graue de lavarse las manos cuando quiso trasferir el problema a la SEP. Pero acreditar el fraude –como ya hizo– no puede conducir a otra parte qué a asumir la responsabilidad de los comités de honor y justicia universitaria en la invalidación del título, algo que trata de evitar con el alegato de vacíos en la normatividad.
A quererlo o no, la UNAM no puede sustraerse de castigar una infracción sin arriesgar la reputación de la universidad más importante del país, que sale mal parada y rayando en el ridículo al admitir que nunca previó como sancionar un plagio. Tampoco puede evitar verse inmiscuida en un asunto con hondas repercusiones en el prestigio y estabilidad de la Corte. A lo largo del sexenio, la designación de los ministros de su pleno ha sido objetivo central de la lucha encarnizada por influir en los asuntos que más confrontan al gobierno y la oposición como la reforma energética, las leyes electorales o la seguridad pública.
La inédita renuncia de un ministro cercano al gobierno anterior como Medina Mora, cuando era investigado por corrupción al inicio del sexenio, dan cuenta de ello. El caso Esquivel hace evidente la disputa sobre la Corte entre fuerzas opuestas, que ahora encuentran la oportunidad política de orillar a la renuncia de una ministra alineada con el gobierno. Ello después de que en el reciente relevo de la presidencia de la Corte la oposición celebrara como un triunfo para la autonomía de la Corte que Esquivel no alcanzara esa posición, aunque a López Obrador lo que le importaba, sobre todo, era que no llegara el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, identificado con su némesis política del gobierno de Calderón.
Nadie pone en duda la importancia central de la independencia de la Corte para el equilibrio de poderes, pero tampoco puede dejarse de ver que el juego político a su interior altera las lógicas para resolver los mayores problemas nacionales. La judicialización pretende que converja la lógica judicial de solución de los conflictos con criterios técnicos y legales, a la vez que someter la actuación de los magistrados a los intereses políticos. Cualquier corte, por supuesto, es objeto de presiones políticas, pero no en todas el abuso de la política tiene el mismo potencial para erosionar su legitimidad. Tan es así que la confrontación del plagio de una tesis, por grave que sea, alcanza ya el grado de implosión en el prestigio de la UNAM y de la misma Corte.