Sencillamente no funcionan.
Y por eso son la base de la impunidad.
No importa si es la federal de Alejandro Gertz Manero o las estatales, el resultado lo tenemos en una cifra: en términos nacionales 99 por ciento de los delitos cometidos en México quedan impunes.
No importa si son del fuero federal como la delincuencia organizada o del fuero común, asaltos a mano armada, homicidios simples, robos en casas habitación, allanamiento…
Es nuestra realidad y de mucho tiempo atrás.
La sanción de sólo uno por ciento de los delitos está documentada desde fines del siglo pasado y, en contabilidad reciente, lo confirmó la plataforma de periodistas para las Américas autodenominado Connectas.
Esta tendencia se mantiene hasta la fecha, como demuestra la organización Impunidad Cero, de cuyo nombre pudo copiarse el programa federal denominado Cero Impunidad y cuyas estadísticas se presentan semanalmente en Palacio Nacional.
IMPOTENCIA PRESIDENCIAL
Pese a su ineficiencia, los fiscales parecen irremovibles.
Con todo su poder ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador no ha podido deshacerse de dos de ellos, el morelense Uriel Carmona y el guanajuatense Carlos Zamarripa.
Al primero inclusive se le detuvo con un aparatoso operativo donde participaron la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal por supuestos delitos cometidos en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda.
Ella fue asesinada en la Ciudad de México, pero su cadáver fue tirado en territorio de Morelos.
Ha sido improcedente su destitución muy a pesar de Cuauhtémoc Blanco, cuyo gobierno ha sido implacable y, en contraste, Uriel Carmona le tiene pendientes varias averiguaciones.
A Carlos Zamarripa el Presidente lo culpa de la violencia de Guanajuato, cuando su función es perseguir delitos y no prevenirlos, tarea de seguridad pública.
Lo investigaron y no le encontraron ni riqueza mal habida ni ligas con el crimen organizado ni otras culpas por las cuales podría ser procesado.
Los dos siguen en sus puestos.
VALDOVINOS SIN SALVACIÓN
Situación distinta la de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos.
Ella no fue propuesta por la gobernadora Evelyn Salgado, sino designada por el Congreso del Estado y sostenida hasta la semana pasada pese a su mal desempeño.
Con pleno respaldo presidencial, Salgado decidió destituirla junto con el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y el secretario de Seguridad, general Rolando Salgado.
Valdovinos se ha resistido, pero la mandataria guerrerense recurrió a la Constitución local y el Congreso del Estado, en uso de sus facultades, la destituyó ayer y lanzó la convocatoria para designar sucesor.
Las causas de su salida son claras, según la gobernadora: incumplió con las evaluaciones de control de confianza y no investigó hechos de violencia de alto impacto.
No mencionó específicamente el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, causa de manifestaciones, violencia y disturbios en días recientes.
“Existen circunstancias que afectan la credibilidad como la deficiencia en la procuración de justicia durante su mando” (el de Valdovinos), justificó Evelyn.
Estos argumentos sólidos no han podido usarse contra otros fiscales como Uriel Carmona y Carlos Zamarripa, por lo cual la suerte de Sandra Luz Valdovinos está echada.
@urenajose1