La violencia indiscriminada cobra la vida de 10 personas y deja gravemente heridas a otras 13, en un ataque en pleno centro de la ciudad. La falta de control sobre el crimen organizado revive el debate sobre la intervención extranjera en México
El ataque en el bar “Los Cantaritos” en Querétaro, que dejó 10 muertos y 13 heridos, expone la transformación del crimen organizado en una fuerza terrorista que siembra miedo entre ciudadanos inocentes. Este acto, más que una “ejecución” o un ajuste de cuentas, es un atentado que subraya el riesgo de que México pierda el control de su seguridad interna, abriendo la puerta a una intervención extranjera
Este sábado, 9 de noviembre, alrededor de las 21:00 horas, un ataque armado en el bar “Los Cantaritos”, ubicado en la Avenida Circunvalación, cerca de la Calzada de Los Arcos en el centro de Querétaro, ocasionó la muerte de 10 personas y dejó a 13 heridas, dos de ellas en estado crítico, en su mayoría jóvenes. Las autoridades aún no han revelado las identidades de las víctimas.
Según informes, al menos cuatro individuos armados arribaron en una camioneta. Dos de ellos ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra los presentes, mientras que otro permaneció en la entrada y el cuarto se quedó a bordo del vehículo con la marcha encendida, para emprender la huida. El ataque duró aproximadamente 25 segundos, durante los cuales los agresores dispararon indiscriminadamente.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de su titular, Juan Luis Ferrusca Ortiz, informó que, tras el ataque, se localizó una camioneta incendiada en el municipio de El Marqués, presuntamente utilizada momentos antes por los agresores.
Sin duda, esta matanza indiscriminada ocurrida ayer por la noche revela el fracaso de las políticas de seguridad a nivel local, pero sobre todo, federal. Y no es —como algunos medios han sugerido—, una “ejecución”. Esa palabra, en el argot criminal, nos remitiría a un acto donde existe una “condena previa” —legal o no, o una “razón” o “justificación” en el entramado de la violencia.
En cambio, lo sucedido en el bar queretano es una matanza indiscriminada, un acto que, en términos estrictos, puede calificarse como terrorismo por parte del crimen organizado, más allá de si hay drogas de por medio, porque se trata de un hecho cuya finalidad no es solo acabar con la vida de un blanco específico, sino sembrar el miedo en toda la población, y en este caso, lanzar una advertencia clara y despiadada —a base del terror y la muerte— a quienes no se someten a los designios del crimen organizado.
El crimen organizado y su transformación en una fuerza terrorista
Aunque Querétaro ha sido considerado uno de los estados con menor tasa de homicidios en México, en los últimos meses se han registrado varios incidentes violentos. El pasado mes de octubre, cinco personas fueron asesinadas en la comunidad de Jesús María, municipio de El Marqués. Las víctimas, originarias de Guanajuato, habían huido a Querétaro tras un atentado previo. Un mes antes, el empresario Jesús Calderón y uno de sus escoltas resultaron heridos en un intento de secuestro en el municipio de Corregidora.
Este ataque evidencia una escalada de violencia en un estado que históricamente ha mantenido índices delictivos bajos.
El gobernador Mauricio Kuri González —de extracción panista—, condenó el acto perpetrado y en su mensaje afirmó que siempre hablará “con la verdad” y que su deber es “dar la cara” en momentos difíciles, señalando que la situación es grave y que el ataque pudo haber afectado a cualquier ciudadano. “Pudo haber sido mi hijo, tu hijo, un sobrino, un hermano”, dijo. Luego detalló las acciones tomadas en respuesta a la masacre, incluyendo el despliegue coordinado de la Policía Estatal y Municipal, la intervención de la Fiscalía General del Estado, y la atención médica continua a los heridos y sus familias.
Kuri aseguró que el gobierno que encabeza no permitirá que Querétaro sea contaminado por la violencia de otros lugares, e hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar para preservar la seguridad del estado, advirtiendo que esta tarea no puede depender solo de las autoridades: “La seguridad es tan importante que no solamente se la podemos dejar al gobierno, tenemos que hacerlo en conjunto”, reiteró.
El gobernador también desmintió rumores de múltiples balaceras en diferentes puntos de la ciudad, afirmando que se trata de falsedades con fines políticos que solo buscan sembrar miedo y desacreditar tanto al gobierno estatal como al federal. Con contundencia, expresó: “Eso fue una mentira con una sola motivación, que es causar miedo y lastimar a un partido político, a un gobierno. Pero haciendo eso, lastimas también a la Federación, lastimas a México y lo más importante lastimas a Querétaro”. En ese sentido, reafirmó que la prioridad de su administración es “garantizar la seguridad y permitir que los ciudadanos vivan sin miedo”.
Empero, la masacre que ocurrió hace unas horas en Querétaro es una muestra contundente del tipo de violencia que, por lo obvio del hecho, ya no responde a la simple rivalidad y “castigo” —utilizando el término “ejecuciones”—, entre bandas, sino que se posiciona como una herramienta de control social con base en el terrorismo de las armas de guerra empleadas.
Además, por lo que se observa en el video, los atacantes no buscaron a una víctima específica; no llegaron con una lista ni un objetivo individual. Al contrario, se pararon en la puerta del bar y desde ahí dispararon sin discreción, en un acto brutal que dejó 10 muertos y 13 heridos. Y para que nadie se confunda, este tipo de violencia —cuyo propósito es el terror y el amedrentamiento colectivo—, recuerda a las estrategias del terrorismo, tal cual su definición. Así, los actores de esta matanza parecen querer dejar claro a empresarios y ciudadanos que cualquier intento de independencia frente a sus dictámenes será “castigado” con la máxima severidad, sin que al parecer exista un objetivo determinado sobre el cual hacer caer este “castigo”.
Una amenaza a la seguridad y la soberanía nacional
Es indudable que la gravedad de este tipo de actos trasciende el ámbito de la seguridad interna de México. Al observar el nivel de violencia desplegado en un lugar como Querétaro —conocido hasta hace poco como un estado relativamente seguro—, surge una inquietud legítima sobre la capacidad de las autoridades mexicanas para hacer frente a esta escalada de terror.
Más allá de cualquier tecnicismo, la denominación que se le dé a este acto tiene poco peso frente a la realidad que enfrentamos: un atentado en pleno centro de Querétaro, dirigido contra un público sin ninguna relación específica con el crimen organizado. La discusión semántica sobre si debe llamarse “narcoterrorismo” o “terrorismo del crimen organizado” solo resta claridad a la tragedia.
Este acto de terror pudo haber involucrado o no a narcos directamente, pero su efecto es el mismo: una amenaza a la vida y al bienestar de ciudadanos comunes. El hecho de que fuera un acto indiscriminado dirigido a una congregación de jóvenes y adultos, en un espacio donde al parecer no se producían drogas ni había actividades ilícitas evidentes, subraya que el crimen organizado no discrimina en su afán por imponer su dominio a cualquier costo.
Estas organizaciones han evolucionado de ser un fenómeno vinculado exclusivamente al narcotráfico a convertirse en una máquina de terror que no requiere vínculos directos con el negocio de las drogas para expandir su control.
Las víctimas, en muchos casos, no son criminales ni competidores en el “mercado” del narcotráfico; son jóvenes que ven truncado su destino trágica y dolorosamente a causa de la violencia indiscriminada. En este contexto, hablar de “narcoterrorismo” es solo un nombre para una realidad aún más amplia y devastadora: el terrorismo del crimen organizado es una amenaza que no distingue entre culpables e inocentes y que convierte a cualquier ciudadano en una posible víctima.
Quedarse atrapados en debates semánticos —como les gusta a los próceres de la actual administración—, beneficia exclusivamente a quienes buscan restar gravedad a este problema, presentándolo como algo que ocurre “entre delincuentes”. Pero la evidencia apunta a una problemática que afecta a todo el país. Mientras los políticos y medios discuten los términos, el crimen organizado sigue sembrando el terror y dejando un rastro de muerte entre la juventud mexicana. El país necesita acciones, no palabras ni disquisiciones técnicas sobre los nombres que se asignan a los atentados.
No debe entonces sorprendernos que voces en el extranjero —como la del presidente electo de EU, Donald Trump—, se pronuncien abiertamente en favor de una intervención en México. Trump ha defendido la idea de designar a los cárteles mexicanos, o al crimen organizado —como quiera entenderse—, como grupos terroristas, y de incursionar con medios militares en territorio mexicano.
Esta situación —además de la inacción y la falta de claridad sobre el fenómeno del terrorismo del crimen organizado en México—, pone en peligro a nuestra sociedad y también invita a actores externos a intervenir bajo el pretexto de la “seguridad regional.”
El país, entonces, se encuentra en una encrucijada y en esta situación debemos dejar de lado cualquier tipo de nacionalismo ciego o inútil. Si bien la soberanía es un derecho incuestionable, el terrorismo, producto del narcotráfico o del crimen organizado —como se evidencia en esta masacre o matanza, que no “ejecución”—, es una amenaza que desborda los límites del tradicional “control de plazas” o “ajustes de cuentas.”
Esto no es un simple ajuste entre criminales, sino una amenaza directa a la seguridad y la vida cotidiana de los ciudadanos, un atentado que expone la impotencia de nuestras autoridades y coloca a México en una situación de vulnerabilidad que podría abrir la puerta a futuras intervenciones extranjeras.
Por ello es momento de dejar atrás los eufemismos para llamar a esta violencia terrorista por su verdadero nombre, y exigir una respuesta contundente de nuestras autoridades.