La cámara de diputados dio acuse de recibo de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, que podría discutirse en paralelo con el Paquete Económico para el 2022.
De esta manera, aquellos partidos políticos que requieran seguir manteniendo sus espacios políticos en los estados de la república, tendrán que ceder un poco y aprobar dicha reforma.
Hablamos del PRI y el PAN institutos políticos que fueron los que aprobaron la reforma eléctrica en la administración de Enrique Peña Nieto.
Ahora, el grupo parlamentario del PRI en la cámara de diputados, coordinado por Rubén Moreira Valdés, tendrá que decidir entre regresar a México a los años 60 y 70 donde el monopolio de la generación y distribución de energía eléctrica era exclusivo del Estado, lo que tuvo enormes errores principalmente el mantener una energía estable que impidiera descargas que arruinaban los aparatos eléctricos. Muchas familias tuvieron que comprar a la par que sus aparatos eléctricos, principalmente televisores, refrigeradores y consolas, reguladores para cada uno de ellos con el objetivo de evitar estas variantes de voltaje que terminaran con la pérdida total del aparato eléctrico.
Todo esto derivado a que la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no eran los suficientes y tampoco estaban equipadas de manera total para poder generar energía con voltaje estable y continuo. Algo que lamentablemente sigue prevaleciendo y así lo demuestran los apagones que se han presentado en estos dos últimos años en Baja California y en Yucatán.
O mantener al sector eléctrico en las condiciones actuales, derivada de la aprobación de la reforma estructural aprobada en el periodo de Peña Nieto.
También deberán valorar si regresar a un monopolio estatal, será algo que impulse el desarrollo económico de los sectores productivos, para empujar el incremento económico del país a niveles del 6 por ciento.
Esta última aseveración, base de la justificación de López Obrador para llevar a cabo esta nueva reforma constitucional para derribar la reforma anterior, no es exactamente la verdad, ya que el Estado solo generara el 54 por ciento de la energía y el restante será realizado por la iniciativa privada, lo que implicaría que las redes de distribución e infraestructura estatal tengan que modernizarse y ampliarse, que significa mayor gasto por parte del erario público probablemente un avance lento en la construcción de esta infraestructura, por lo que no se podría cumplir con la totalidad de energía que se demande por parte de la población y las empresas.
Si se aprueba esta reforma, entonces veremos que los recursos para ello, se obtendrán de recortes presupuestales en otras áreas que significa una menor producción o falta de servicios para la población.
Además de crear una opacidad ene. Uso de estos recursos, ya que con el argumento de que la construcción y modernización de infraestructura eléctrica estará bajo la premisa de “seguridad nacional”, y los costos y datos de cómo se utilizan los recursos serán cerrados al público y solo se podrán conocer en un tiempo distante, con ello creando un “caldo de cultivo” para la corrupción.
Esperemos que los partidos de oposición en verdad piensen a favor de la población y el desarrollo de México y no en sus intereses políticos al momento de dar su voto a esta reforma constitucional enviada por López Obrador.