ESTIRA Y AFLOJA
No hay que hacerse bolas. El gobierno federal no ha planteado ningún aumento de impuestos para 2021 aunque sí está la orden a la SHCP para visualizar una reforma fiscal en 2022, en la segunda parte de su gobierno, lo que implicó empezar discusiones en el Congreso, con empresarios y expertos del tema.
El señalamiento presidencial se hizo antes de la pandemia, y por los daños causados es lógico el rechazo de Francisco Cervantes, presidente de Concamin, y Gustavo de Hoyos, titular de Coparmex, al comentario del FMI. Lo cierto es que caminan los estudios para una reforma fiscal.
El pasado 3 de agosto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) liberó documentos de “objetivos y justificación” de la cooperación técnica por 250 mil dólares a México para robustecer el “marco normativo de responsabilidad hacendaria y financiera”. Se trata de “mejorar la coordinación y el desempeño del federalismo fiscal” con el “fortalecimiento del esquema de relaciones fiscales intergubernamentales” para promover “una descentralización fiscal más efectiva que redunde en un mayor esfuerzo fiscal local, mejor calidad del gasto territorial y mayor responsabilidad y transparencia fiscal subnacional”.
La SHCP implementará un Programa de Convergencia que será parte del plan de recuperación económica del gobierno para atender los impactos generados por la pandemia de covid-19, a través del financiamiento de inversión pública productiva a escalas regional y local, en un marco de responsabilidad y desempeño fiscal subnacional. Para eso estará el otro crédito por 500 millones de dólares que aquí ya le comenté.
La implementación del esquema requerirá una reforma fiscal. No dudo que se incluya la propuesta del FMI de “aumentar los impuestos subnacionales a la propiedad”, es decir, el impuesto predial que es ridículo en mucha entidades. También es posible reducir el umbral más alto de rango impositivo del ISR para que los más ricos de la pirámide paguen más.
En los documentos se dice que los ingresos propios de estados y municipios representan tan solo 10 y 25 por ciento de sus ingresos totales, respectivamente, y que las deficiencias en la gestión fiscal afectan el gasto subnacional, ya que se destina “mayoritaria y crecientemente a gasto corriente primario (entre 85 y 63 por ciento de estados y municipios), principalmente al pago de nóminas”, lo que limita la inversión productiva.
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