La reinserción social de personas que fueron privadas de su libertad no puede iniciar si no hay condiciones mínimas de justicia, afirmó el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, al participar en la IV Cumbre de Gobierno Abierto. Estado abierto en México para cumplir las metas al año 2030.
Al participar en el panel “Personas privadas de la libertad: ¿Cómo garantizamos su inserción y calidad de vida desde el estado abierto al año 2030?”, el Comisionado Acuña Llamas cuestionó las condiciones en que se realiza la reinserción social, ya que las personas que viven esta situación enfrentan injusticias desde el momento en que se les priva de la libertad.
“Me refiero a la procuración de justicia cuestionable que no esté sustentada, que no haya sido sólida y que, por desgracia, haya venido a controvertir la presunción de inocencia, que ese es el punto de partida en el que nos encontramos”, señaló. Estamos, dijo el Comisionado Acuña Llamas, “ante un conglomerado humano que ha sido tratado en principio y, por desgracia, no por excepción, sino por regla, en condiciones de indolencia y, por supuesto, de arbitrariedad”, advirtió.
El Comisionado del INAI compartió que hay muchos casos de personas privadas de la libertad que podrían llevar su proceso de enjuiciamiento, desde su domicilio, con algunas medidas cautelares, pero no está sucediendo, y hay, dijo, casos ostensibles y dramáticos a nivel nacional.
“Tenemos una ex compañera del Sistema Nacional de Transparencia, Yolli García Álvarez, que vive una situación inadmisible, insoportable, como se tiene que decir cuando se violentan derechos humanos, se tiene que decir esto es insoportable porque, nada más y nada menos, se trata de derechos fundamentales cuya interrupción pone en vilo la presunción de Estado de Derecho.
Entonces, el caso de Yolli que es una situación que podemos aquí mencionar, la digo porque como Presidente del INAI que fui, abiertamente y desde el primer día dije que ese proceso se podía llevar desde libertad”.
La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas reconoció que hay un fuerte rezago en cuanto a la capacidad que tiene el Estado para garantizar que aquellas personas que fueron privadas de su libertad puedan volver a tener una vida normal libre de prejuicios y del estigma que causa el haber estado en prisión. “Al día de hoy, en nuestro país, 4 de cada 10 personas se encuentran privadas de su libertad sin que exista una sentencia de por medio, lo que confirma que el sistema presenta una falla crónica (…) Se necesita de una agenda legislativa que tome en cuenta la reinserción social, que planteé la modificación del criterio sobre la valoración objetiva para privar de la libertad a la persona indiciada, atendiendo a los hechos, el riesgo para la víctima, la sociedad o la investigación, y no por una disposición que irremediablemente lleva a la prisión preventiva”, indicó.
La Activista por los derechos humanos y Directora fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias, Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes, habló de la compleja situación que enfrentan las mujeres trans que han estado en la cárcel, la discriminación que sufren, la falta de una identidad, la violencia, además de tener la etiqueta de haber estado privada de su libertad. “No hay oportunidades para las mujeres trans, no tenemos empleo, no tenemos área educativa, no tenemos salud mental ni física garantizada por el Estado, porque entran los prejuicios de cada persona; sin embargo, el abrir espacios donde las mujeres puedan volverse a construir y visibilizar la violencia que recibieron por ser trans, desde ese momento es cuando podemos empezar a trabajar una reinserción”, enfatizó.
Rogelio Salgado, Coordinador de Investigación del Centro de Estudios y Acción por la Justicia (CEA Justicia Social), señaló que esta organización tiene una visión de trabajo fundamentada en entender los procesos de cárcel desde una perspectiva de desigualdad social y que éstos solo pueden atenderse a partir de la restitución de derechos. “¿Qué es lo que tenemos que hacer desde una perspectiva de Estado Abierto? Primero que nada, rendición de cuentas; fortalecer y generar mecanismos de exigencia de que estas disposiciones se cumplan; difundir información de lo que sí hay, ya que solo 3 de cada 10 personas privadas de la libertad conocen que existen servicios post penitenciarios; y, por último, hay que considerar que hay ambigüedades dentro de la propia Ley (…) necesitamos generar procesos, desde Gobierno Abierto, de participación ciudadana que incluyan a las personas privadas de la libertad”, mencionó.
Hilda Téllez Lino, Tercera Visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), realizó un reconocimiento al INAI porque en cada una de las cumbres nacionales se han tocado, de manera específica, situaciones relacionadas con las personas privadas de su libertad, población que, por su condición jurídica transitoria, se convierte en la parte olvidada. “Cuando hablamos de qué se trabaja para lograr estos objetivos de reinserción social de cara al 2030, no podemos dejar de pensar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya que queda cada vez queda menos tiempo, y tal parece que su cumplimiento se torna complejo en razón de (…) que se requieren acciones muy concretas y entender cómo los 17 objetivos atraviesan, de manera transversal, distintos grupos de población”, asentó.
Alejandro Ramón Fuentes, Magistrado Presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del estado de Durango, señaló que otro grupo vulnerable que se tiene en el país es el de los adolescentes; señaló que, de acuerdo con datos del INEGI de 2020, dicho sector está conformado por alrededor de 5 mil 320 adolescentes que actualmente están sujetos a proceso. “En comparación con los adultos, dentro del proceso para adolescentes buscamos que éstos se puedan reinsertar y regresar a la sociedad a través de medidas que le están reforzando y dando aquellos derechos que no tiene o que no tuvo durante su vida”, explicó.
La moderación del panel estuvo a cargo de la Comisionada de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro (INFOQRO), María Elena Guadarrama Conejo.
La IV Cumbre de Gobierno Abierto. Estado abierto en México para cumplir las metas al año 2030, es coordinada por el Comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez.