Estira y afloja
Durante 2023 el gobierno federal renunció a recaudar más de 1 billón 438 mil millones de pesos para apoyar fiscalmente de “forma indirecta” a sectores de la economía y a contribuyentes. Por ejemplo, las tasas reducidas del IVA significarán 508 mil 195 millones de pesos, los estímulos fiscales alcanzarán 446 mil 389 millones y las exenciones en el ISR para personas físicas sumarán 232 mil 359 millones.
La Secretaría de Hacienda no ha publicado las estimaciones para 2024, pero ya solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asistencia técnica por 250 mil dólares para “modernizar el marco tributario a fin de mejorar la sostenibilidad fiscal del país en un contexto de nuevas formas de negocio y la mayor interrelación de las economías”.
Esto ya le tocará implementarlo al próximo gobierno. Se profundizará la política fiscal para el comercio electrónico y otros servicios digitales, el pago de impuestos en operaciones con criptoactivos, operaciones transfronterizas, analizar las “bases impositivas sobre el patrimonio neto de los contribuyentes más ricos, incluidos los impuestos a la propiedad” y evaluar el costo-beneficio de “al menos dos tratamientos preferenciales que mayor renuncia recaudatoria representan, por parte de una institución académica nacional o internacional independiente”.
Según esto, estaríamos hablando del IVA y de los estímulos fiscales o en su caso del ISR. El BID destacó que “es necesario abordar los desafíos relacionados con la erosión de la base gravable y la consecuente menor recaudación tributaria en el IVA, la más baja en comparación con el promedio observado en 2020 en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo cual limita la capacidad del gobierno de incrementar la inversión pública y apoyar actividades que aumenten la productividad total de los factores productivos”.
Este gobierno cede al que viene la necesidad de ejecutar una reforma fiscal a fondo que simplifique el cumplimiento y “corrijan desajustes en las reglas de asignación de derechos de imposición respecto de las operaciones de las grandes empresas multinacionales”.
La petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, al BID es para el fortalecimiento institucional de la dependencia, y mejorar la política de ingresos y el manejo de las finanzas públicas, “principalmente el mejoramiento de los procesos, infraestructura y análisis de datos, y el fortalecimiento del talento humano mediante capacitaciones e intercambio de experiencias con otros países”.
Convencer a la población de este ajuste no tendrá problema. Ya están las piñatas políticas para el año electoral: el patrimonio de los ricos y sus propiedades, el comercio electrónico y servicios digitales y las multinacionales. El BID reconoció que las propuestas se pueden ver afectadas “por decisiones políticas”.
jesus.rangel@milenio.com