Un testigo narra cómo estuvo el desvanecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador en la base aérea militar de Mérida
Los órganos autónomos pagan su desidia.
Desestimaron el anuncio presidencial del 5 de febrero, cuando Andrés Manuel López Obrador anunció su mayor paquete legislativo.
El último del sexenio, se creía entonces, aunque luego envió más iniciativas al Congreso de la Unión y agregó reformas a las reformas.
Todas fueron recibidas con gran entusiasmo por las bancadas del oficialismo y, prestos a la instrucción superior, les dieron trámite.
Cada una lleva su ritmo.
No se retrasó, siquiera, la reestructuración del Poder Judicial a pesar del deseo expreso de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de ampliar el debate y difundir a la población sus alcances.
Ahora esas modificaciones constitucionales, con el propósito expreso de elegir por voto ciudadano a jueces, magistrados y ministros, siguen la ruta de amparos y controversias.
Inclusive la ministra Norma Piña, aún presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analiza con sus pares de la Sala Superior si es posible declararla inconstitucional.
Esto iría contra el discurso gubernamental y generaría una crisis constitucional con la consiguiente incertidumbre jurídica no conocida por muchas generaciones de mexicanos.
ESFUERZOS DESESPERADOS
Ahora el turno es de la Guardia Nacional.
Según el deseo presidencial y el aval de las cámaras, se formará con elementos del Ejército Mexicano porque es la única manera de garantizar la seguridad pública, pues las corporaciones civiles no son confiables.
Pero atrás de esta reforma y su destino en tribunales, viene otro aspecto duramente cuestionado: la desaparición de los principales contrapesos del Poder Ejecutivo.
Usted los conoce -Inai, Cofece, IFT, CRE, CNH, Mejoredu- y hasta hoy nadie del ámbito gubernamental y legislativo ha expresado propósitos de contener la voluntad lopezobradorista.
Esos órganos, como antes sucedió con la Corte de Norma Piña, han salido tarde a defenderse y a luchar por su supervivencia cuando está a punto de expirar el sexenio.
Son esfuerzos tan desesperados como inútiles, aunque de parte suya haya voluntad para reducir sus gastos -el argumento central de López Obrador es el ahorro de recursos- y obtener el perdón.
Por ejemplo, el Inai presidido por el comisionado Adrián Alcalá Méndez planteó bajar su presupuesto en 27 por ciento y busca diálogo para convencer a la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Esto se da cuando la maquinaria morenista va muy acelerada y quiere despedir a su jefe máximo con sus reformas de regalo, como lo sugirió el exdirigente de ese partido, Mario Delgado.
UNA EXISTENCIA SEXENAL
En la poda aparecen inclusive organismos creados por la actual administración.
Un ejemplo es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu, surgido en 2019), como describió ayer el comisionado Florentino Castro López.
Ese cuerpo colegiado, puntualizó, no es parte de un ejercicio neoliberal como se pretende hacer creer y su trabajo está coordinado con la Secretaría de Educación Pública.
Su anulación acabaría con “el último reducto de la evaluación educativa que conserva el país, por lo que no se puede renunciar a estos ejercicios”.
Sólo a través de ellos es posible “dar cuenta del estado que guardan los aprendizajes de las y los alumnos de educación básica, para contar con elementos que permitan fortalecer la política educativa”.
@urenajose1