Frente a la resolución del Instituto Nacional Electoral que ordena al presidente a que se abstenga de emitir opiniones de Xóchitl Gálvez, aspirante a dirigir al Frente Amplio por México, el presidente dijo que a él no lo van a silenciar porque se violan sus derechos a la libertad de expresión, a la réplica y a disentir, que son principios básicos de la democracia. Dijo el presidente que quiere ver en qué términos viene esa resolución, porque le daría tiempo de continuar hablando antes de que lo “vayan a cepillar”, pidiéndole a Claudio X. González que investigue los múltiples contratos de las empresas de Xóchitl Gálvez que en “nueve años recibió contratos por cerca de mil quinientos millones de pesos”, según lo dijo el presidente en su rueda de prensa que tuvo en Baja California Sur, el jueves 13 de julio.
El artículo 134 de nuestra Constitución señala lo siguiente:
“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.” [El énfasis es nuestro]
Asimismo, el artículo 449, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), establece lo siguiente en su inciso c):
1. “Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;”
Con base a estos antecedentes, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han determinado que el presidente de la República se abstenga de hacer declaraciones de tipo electoral. El pasado miércoles el INE determinó lo siguiente:
“Se ordena al Presidente de la República, se abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerzas políticas, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”
Es claro que López se rehúsa a cumplir con lo que dicta la Constitución y el LEGIPE marrulleramente interpretando de que dicho bozal impuesto viola sus derechos de libre expresión y de réplica y que seguirá hablando mientras no le notifiquen su fallo, como si para cumplir la ley a uno lo necesitan notificar de que la está incumpliendo.
Cuando él mismo López, siendo el presidente del PRD, impulsó los cambios constitucionales y los de la LEGIPE que ahora rechaza, habiéndose quejado acremente de que el presidente Fox apoyó desde su tribuna presidencial al entonces candidato para la presidencia, Felipe Calderón.
El presidente se porta como niño malcriado queriendo cambiar las reglas del juego que él mismo promovió, porque ahora sí no le conviene aplicarlas en contra de lo que él desea.
Además, Morena, el partido del presidente, inició hace ya muchos meses un proceso descarado a nivel nacional de promoción de sus aspirantes a la presidencia de la República, obligando a los partidos que ofrecen una opción al régimen actual a realizar un proceso, conforme a la Ley General de Partidos Políticos de crear un Frente, llamado Frente Amplio por México, para unir a la ciudadanía y a los partidos, e impulsar un proceso de selección de la persona que dirigirá dicho Frente.
El presidente, y sus llamadas corcholatas, tendrán que asumir las consecuencias del incumplimiento de la ley con sus actos de franca rebeldía al orden jurídico nacional.