ESTIRA Y AFLOJA
En comunicado oficial, la Secretaría de Energía, que encabeza Rocío Nahle, dijo que “vivimos las consecuencias de la pandemia y es de notar que se redujo de manera drástica la demanda eléctrica en el sector industrial y comercial, con lo cual aumentó el preexistente desbalance entre la capacidad de generación eléctrica con respecto a la demanda, lo que compromete la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico”.
Claro, es la justificación oficial del famoso Acuerdo sobre la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, que ya provocó la solicitud de amparos por parte de las empresas afectadas.
Pero es una total y absoluta mentira si vemos las estadísticas del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). La demanda de electricidad en abril fue de 783.89 GWh, ligeramente abajo de los 833.99 GWh de marzo y los 793.63 GWh de febrero, pero arriba de los 775.46 GWh de enero y los 753.44 GWh de diciembre. No hay una reducción drástica por la pandemia como comentó Sener y no se comprometió la confiabilidad del sistema eléctrico.
La otra mentira es que se establecieron los nuevos lineamientos para garantizar el abastecimiento de la energía eléctrica con el freno a proyectos de inversión en energía renovable. La verdad es que se trata de privilegiar a la CFE y también a Pemex, como bien lo explicó Arturo Vaca, director de Energía y Tecnología de Industrias Peñoles.
Resulta que Pemex requiere dar salida a su producción de combustóleo alto en azufre que antes se vendía a la flota marítima. Se busca reducir la operación de las energías renovables para que las plantas termoeléctricas de la CFE utilicen ese combustóleo contaminante al incrementarse la demanda de energía; se prevé que puede llegar hasta los 50 mil megavatios.
Un elemento más: hubo algunas fallas en el servicio eléctrico, por ejemplo en la península de Yucatán, por incendios originados por agricultores, y no por deficiencias de plantas de renovables.
Cuarto de junto
Pedro Guillén, cabeza del despacho jurídico y corporativo GM Business Law Firm, presume sus contactos con el gobierno de la 4T y ofrece resolver cualquier problema que se tenga con el SAT, de Raquel Buenrostro. El traficante de influencias fue señalado por interponer un amparo contra una acusación de defraudación fiscal por 5 millones de pesos.
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