NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El viaje a lo desconocido en la inédita elección del Poder Judicial marcha con pasos atropellados e inconsistencias que restan certeza y desacreditan su justificación por el combate a la corrupción. La falta de certidumbre y transparencia en las listas de candidatos o en los procedimientos del voto la sumergen en aguas turbulentas en las que ni el expertis del INE garantiza su credibilidad.
Pero, como responsable del proceso, tendrá que cargar con las fallas de una implementación que parece menos una ejecución planeada que una huida hacia adelante frente a la litigiosidad que marca su origen. A nadie se le escapa que la elección más compleja que ha tenido que organizar el INE puede dejar un alto costo para su prestigio y el del Tribunal Electoral, ya de por sí maltrecho por la división interna y partidización, a pesar de su autonomía.
La litigiosidad en que nació da cuenta del mayor enfrentamiento judicial entre poderes en la época moderna el sexenio pasado; desde entonces sumó más de 850 amparos para detenerla. En esa disputa política entre el Judicial y el Ejecutivo se pueden rastrear muchos de los errores que minan la credibilidad de una elección a modo que también dé como resultados juzgadores a modo. Pero si eso es una grave preocupación, no lo es menos su puesta en marcha sin una idea programada, por donde se desliza un alud de irregularidades.
La Corte puso fin hace unos días a esa carrera de obstáculos legales al dejar en claro que una elección no puede pararse con amparos, como defendía el gobierno de la 4T y Morena. Pero la aceleración del proceso a que dio lugar como forma de escapar del boicot legal o “golpes blandos”, como acusa la 4T, marca su implementación y ensombrece la primera convocatoria a las urnas para elegir más de 900 cargos de juzgadores.
Esta elección, en muchos sentidos, es un viaje a lo desconocido para el débil sistema judicial y electoral en esta materia, con graves implicaciones para la justicia y la división de Poderes, si el proceso sale mal o con dados marcados a favor del Ejecutivo; un resultado así reduciría el objetivo de combatir la corrupción a una coartada para eliminar el obstruccionismo de la Corte bajo la presidencia de Norma Piña, como ha reclamado la 4T.
Sus primeros pasos no dan lugar al optimismo. Sus pecados originales no han hecho más que precipitar el diseño, planeación y cronograma de la votación y, con ello, vulnerar la confianza y autenticidad del proceso. Ejemplo de esto es el desaseo del Senado para integrar las listas de candidatos o bien, las dudas sobre la conducción del INE en temas centrales, como las reglas para validar o anular votos, el recuento en los distritos fuera de las casillas, cómo informará a la ciudadanía sobre los candidatos y los mecanismos para ahuyentar el proselitismo de servidores públicos, partidos y poderes fácticos.
Todo lo cual suma obstáculos a una elección a la que no se augura una participación ni de 10% para votar las listas con 4,224 candidatos que confeccionaron los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La falta de pulcritud y transparencia en los procedimientos abrieron la puerta a que el INE recibiera la lista de candidaturas con la aparición y desaparición de nombres como por obra de magia, incluidas las tres ministras con pase automático y cercanas a la 4T, Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel; o que más de 900 postulaciones adolezcan de datos personales, como la clave de elector y la CURP para verificar la información del aspirante al cargo judicial.
Para nadie es novedad que el mayor reto de la reforma es su implementación, dado que las inconsistencias en el proceso pueden afectar negativamente la votación y, en consecuencia, alejarla de una auténtica elección democrática. Su diseño presupuso adaptarse a la geografía electoral, pero la lógica territorial del poder judicial es administrativa y no la de la representación política; y ahora superponer ámbitos diferentes no permite cuadrar con la igualdad y universalidad del voto.
A pesar del tamaño de los problemas de diseño y de ejecución del proceso, la presidenta Sheinbaum ha puesto la carga de la prueba en las espaldas del INE al pedirle que subsane los errores del Senado; un señalamiento que los coloca en la ruta de pagar con su imagen y prestigio lo que pueda salir mal de la elección.