El Consejo Americano de Política Automotriz (AAPC, por sus siglas en inglés), que representa los intereses comunes de Ford Motor, General Motors y Stellantis, le pidió al gobierno del presidente Joe Biden que frente a la creciente penetración comercial de inversiones y producción de la industria automotriz de China en América Latina, “utilice a los 11 países de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica para garantizar que la región continúe como socio seguro y confiable para recursos críticos”.
La institución que encabeza Matt Blunt parte de un hecho planteado al USTR: “América Latina representó 6.7 por ciento de las exportaciones totales de vehículos eléctricos de China en 2022, y el valor de las ventas de China a la región se duplicó con creces en 2023, alcanzando 2 mil 700 millones de dólares”.
Propuso que Estados Unidos, en su diálogo con los países de la alianza (Barbados, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay) proponga el despliegue de redes 5G en América Latina para “ayudar en el cambio audiovisual, la ciberseguridad y la recopilación de datos con nuevas tecnologías”, fomentar la economía circular para “el reciclaje de baterías de vehículos eléctricos y mitigar la necesidad de extraer más minerales brutos críticos de la tierra”.
Además, “mantener el equilibrio entre la protección de los secretos comerciales y la propiedad intelectual de los proveedores y fabricantes de automóviles, y la necesidad de que los reguladores gubernamentales de seguridad y emisiones, los consumidores y los proveedores de servicios de vehículos posteriores a la compra (por ejemplo, la industria de reparación de autos) tengan acceso razonable a los datos generados por los automóviles”.
La AAPC destacó que los socios latinoamericanos “deben adoptar medidas enérgicas para garantizar una mayor igualdad de condiciones para los fabricantes de automóviles en su mercado”, lo que implica una alineación más estrecha en materia de regulaciones para las tecnologías en vehículos eléctricos y autónomos, y participar de forma más amplia en la cadena de suministro con el procesamiento de minerales críticos y los semiconductores.
Al cumplirse los requisitos de tratados comerciales, esos países podrán contar con el crédito fiscal al consumidor de vehículos eléctricos bajo la Ley de Reducción de Inflación de EU.
