Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, dijo que es probable que la semana que entra la Cámara de Diputados tenga sesiones martes, miércoles y jueves, y si es necesario el viernes para desahogar la agenda legislativa.
En conferencia de prensa, destacó que “es una agenda legislativa pesada las próximas dos semanas a partir de lunes. Tendremos tres sesiones o cuatro, si es necesario”.
Indicó que el paquete de reformas de la agenda que ha conversado con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, son: Ley General de Salud, básicamente sobre vapeadores; Ley de Aguas que va a salir la semana que entra porque tiene que ir al Senado. “Entonces, espero que la semana que entra podamos estar procesándola con las modificaciones. Ahí son dos, es la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales”.
Declaratoria del “2026, Año de Margarita Maza Parada”; Ley de Ascensos de la Armada, “que no tiene ningún problema, la vamos a sacar el propio martes”; ratificación del nombramiento de César David Vives Flores como titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, una moneda conmemorativa alusiva al “200 Aniversario de la consolidación de la Independencia de México en la Mar”; Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación que comúnmente se le llama Ley Arancelaria, y una más, la Ley de Economía Circular, por lo que “espero que la semana que entra se desarrollen foros para poderlo deliberar en el Pleno esta misma semana”.
Sí va a haber modificaciones en materia de agua
En cuanto al dictamen de agua, externó que podría liberarse ahora o mañana en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, pero se darán los cinco días que el Reglamento señala para su aprobación y luego para el inicio de la discusión en el Pleno. “Yo tengo confianza que muchas de las propuestas, inquietudes y preocupaciones de los productores –las más importantes– las vamos a atender, porque me parece que es razonable y muchas de ellas son justas”.
Indicó que la intención no es afectar derechos a propiedades pequeñas, ni tampoco es castigar a ejidatarios y comuneros en sus derechos sobre el agua, sino más bien sí evitar el acaparamiento, sí evitar el uso indebido del agua y sí poner orden en las concesiones, que realmente en el país es muy irregular. “Es conveniente para todos regularizar y poner orden”.
Lo que buscan los campesinos fundamentalmente –aclaró– es que no se ponga en riesgo su tierra con el pozo que disponen para regar, que no les quiten volumen; es decir, si hay una concesión para extraer seis pulgadas de agua o cuatro u ocho pulgadas para una pequeña propiedad, no les quiten ese volumen; que en la transmisión o venta no se separe el pozo, el agua de la tierra, sean ágiles los trámites, haya facilidades para la regularización de los que están irregulares; puedan acceder a créditos para avío y refaccionario en el campo y haya comprensión por el uso del agua.
También, si hay especificaciones claras de que el agua, cuya concesión está destinado al uso agrícola no se venda para usos industriales o para otro fin. “Es simplemente regularizar y son muchas propuestas las que estamos procesando. Por eso, es que no hemos enviado el documento, esperamos enviarlo ahora o en próximas horas, pero sigo trabajando y platicando con grupos. Lo que sí le aseguro, es que sí va a haber modificaciones”.
Han planteado que se reafirme el binomio tierra y agua y que se incorporen nociones de mecanismos expeditos cuando hay transmisión de propiedad y derechos sucesorios; les preocupa mucho que su tierra al momento ellos fallecer puedan ser suprimidos de su agua, que vaya aparejada el título de concesión de agua con la tierra, pero también respetando el volumen del agua que le está asignado en la concesión, y se robustezca la idea de que los distritos de riego regularán en sus reglamentos internos la distribución interna.
“No quieren que sea una autoridad independiente, sino que ellos decidan internamente atendiendo la solicitud de los agricultores quienes quieren certeza jurídica de eso, los distritos de riego. También, han comentado lo de mineras, los ambientalistas están preocupados por el agua que pueden desechar las mineras”, abundó.
El zacatecano resaltó que se plantea que toda la parte de delitos hídricos se gradúe y se cuide el traslado, pues la ley dice traslado ilegal del agua y ellos dicen “si yo tengo necesidad de llevar una pipa de agua en mi tractor a donde está el agostadero, no me van a criminalizar. Esas son de las cosas que tienen razón”.
Subrayó que La Ley de Aguas Nacionales es la de mayor complejidad y de mayor necesidad, y otra es la Ley General de Aguas que ya existe; ahí nada más se plantea definir el contenido del derecho humano al agua.
“Nosotros queremos situar al agua como el recurso vital para la nación. Queremos evitar el acaparamiento de pozos, la concentración de agua y la venta y aprovechamiento del agua para fines distintos al que está siendo expedida la concesión”, afirmó.
Sobre vapeadores –dijo– “ahí andan todavía los cabilderos fuertes que se oponen a que reformemos la ley y prohibamos el uso de cigarrillos electrónicos y sus similares. Hay mucha presión para los legisladores, y los conmino y exhorto a que resistan porque es una ley en beneficio de la salud. Esa la vamos a ver quizá martes o miércoles de la semana que entra. El trabajo de los cabilderos es convencer en los intereses de sus representados. Nosotros tenemos que vigilar el interés de la gente, de la población, de la salud. Hay que resistir”.
También –dijo– hay otra iniciativa que la presidenta de la República envió en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños; es una reforma a la Ley General para la Igualdad entre las Mujeres. “Esa no tenemos fecha, pero ya está en la comisión”.