El presidente al final de su mandato ha presentado ante el Congreso de la Unión un paquete de reformas, que se pueden clasificar en los siguientes rubros:
1. Inocuas e innecesarias.
2. Utópicas.
3. Anticapitalistas y estatistas.
4. Destructoras de la democracia y constructoras de dictaduras.
En la clasificación 1., se encuentran las relativas a reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Esto ya se encuentra comprendido en la Constitución vigente, en sus artículos 2 y 4.
En esta clasificación también se comprenden las becas que ya se encuentran comprendidas en el artículo 4 de la Constitución.
En la clasificación 2., se comprenden las reformas relativas a bajar la edad de las pensiones, otorgar pensiones a los trabajadores al 100%, pero dicha garantía de una pensión igual al último salario sólo aplica para aquellos trabajadores que ganen menos del salario promedio de cotización en el IMSS (16,777.78 pesos al mes). Fuente: El Economista 6 de febrero de 2024), y la relativa a darle a los jóvenes que no estén estudiando ni trabajando, el equivalente a un salario mínimo durante un año mientras se forma y capacitan.
Estas reformas requieren grandes cantidades presupuestales que el gobierno no tiene, más aún con los déficits que se han creado recientemente que generan una carga tributaria muy grande.
En la clasificación 3, se comprende el eliminarle a PEMEX y a CFE su carácter de empresas productivas del Estado, regresándolas a su carácter de dependientes del gobierno, que trabajarán no con criterios de productividad sino con enfoque estatista, dependiendo de los subsidios del gobierno, gozando de prerrogativas especiales en detrimento de la iniciativa privada.
También en esta clasificación cabe la prohibición del maíz transgénico y del fracking en la explotación de petróleo y gas, ya que en el primer caso se viola flagrantemente el T- Mec, y en el segundo caso, se eliminan la posibilidad de una explotación efectiva de nuestros recursos naturales
En la clasificación 4, que, se pretende desaparecer a organismos autónomos para pasar sus funciones a la administración pública federal. Así se quiere desaparecer a la COFECE, encargada de velar por los intereses de la libre competencia y combatir los monopolios, las colusiones de agentes del mercado que distorsionen el libre mercado, y combatir las concentraciones económicas que tengan efectos nocivos para el mercado.
También desaparecen al Instituto Nacional de Telecomunicaciones, que, aparte de regular el mercado de la materia, se encarga de combatir lo mismo que la COFECE, pero en materia de telecomunicaciones.
Se pretende también disolver el CONEVAL, encargado de la evaluación de los efectos de las políticas sociales. Al llevar sus funciones a la administración pública federal, perdiendo su autonomía, tendríamos como resultado un grave conflicto de intereses cuando el órgano evaluador esté evaluando a su propio órgano superior. De esta manera no podremos saber la realidad de los impactos en beneficio de la población que los programas sociales producen.
La Secretaría de Energía absorbería las funciones de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, perdiéndose la independencia y especialización de tener órganos reguladores autónomos que administren los mercados de electricidad, gas e hidrocarburos, dejándose al arbitro del presidente el manejo de dichos mercados sin ninguna sustentación técnica y de mercado libre.
Pero las reformas más destructoras indudablemente tienen que ver con la desaparición del INAI, que es el organismo garante de la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Con esta desaparición el gobierno podrá manejar sus asuntos en absoluta opacidad dejando a los ciudadanos desprotegidos Respecto al conocimiento de la cosa pública, siendo esto es una gran fuente de corrupción. Además de que no se garantizaría cabalmente en la protección de los datos personales del ciudadano quedando a merced de la manipulación que de ellos haga el gobierno.
Con la eliminación de los diputados y senadores plurinominales los derechos de las minorías quedarían prácticamente eliminados garantizándose el control del congreso a Morena, con ello pudiendo realizar cambios de la Constitución tan descabellados como la reelección del presidente actual.
Y, por último, con la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a través del voto popular, se eliminaría la especialización jurídica de sus integrantes, dejándose la Corte a merced del partido dominante, en este caso Morena. Además de que la reforma propone quitarle a la Suprema Corte la facultad de declarar leyes como inconstitucionales, la arbitrariedad del presidente de la República quedaría prácticamente garantizada generándose una auténtica dictadura.
Conclusión: como todos sabemos, actualmente el presidente no cuenta con la mayoría calificada necesaria para que estas reformas lleguen a realizarse. Lo que pretende el presidente es poner en la conversación política estas reformas como la propuesta del próximo gobierno. Hay quienes dicen que estas reformas son un mero distractor y no se les debe de hacer gran caso. Mi opinión es que, al contrario, ponerlas como ejemplo de lo que se puede convertir en el país en el caso de que el actual régimen subsista por un triunfo electoral, y las consecuencias nocivas que ello acarrearía para la población.
Estas reformas nos deben de impulsar a protestar fuertemente el próximo 18 de febrero, tanto en la capital de la república como en las innumerables ciudades del país para hacer hincapié en la defensa de nuestra democracia y nuestras libertades.