Estira y afloja
La iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución planteada por el senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, que fusionará los órganos reguladores de los servicios de telecomunicaciones y energía, no es la única que está en puerta “para dar certeza a los regulados”, como dijo ayer.
Ya comenzó la implementación del programa de cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para aliviar el entorno empresarial con la aplicación de leyes y reglamentos de mejora regulatoria, y la Ley de Promoción de la Confianza Pública que prevé reducir la discrecionalidad en las inspecciones gubernamentales.
El BID aportará 400 mil dólares para reducir costos a ciudadanos y empresas en México en el cumplimiento de las regulaciones, vía el fortalecimiento de la Conamer. Se buscará avanzar en la consolidación del Catálogo Nacional de Reglamentos, Procedimientos y Servicios; apoyar el diseño del Documento Electrónico de Procedimientos y Servicios, y promover la aplicación de la Ley de Promoción de la Confianza Pública.
Los desafíos de México en este renglón son la deficiente coordinación entre los órganos y los niveles de gobierno; falta de información sobre el cumplimiento normativo, y complejidad de requisitos y procedimientos administrativos. Se promoverán medidas para fortalecer la gobernanza regulatoria, la participación social y la transparencia. Hay que reconocer que se ve intención de otorgar garantías jurídicas a la inversión.
Cuarto de junto
Con la participación en videoconferencia de más de 745 personajes, se formalizó el pacto social por la salud y la vida, impulsado por la gobernadora Claudia Pavlovich para enfrentar, en Sonora, la nueva realidad que obliga el covid-19. Entre los firmantes estuvieron Alberto Baillères, presidente de Grupo Bal; Héctor Pérez, presidente de Ford México: Daniel Baima, director de Constellation Brands; los ex gobernadores Manlio Fabio Beltrones, Samuel Ocaña, Armando López y Eduardo Bours; los tres obispos del estado y los 72 presidentes municipales, senadores, diputados federales y locales… Los usuarios mundiales del Sistema de La Haya ya pueden solicitar desde esta semana la protección de sus diseños industriales en México en sus peticiones internacionales.
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