NÚMERO CDERO/ EXCELSIOR
Las denuncias de intervención de Washington en la elección brasileña mediante campañas para manipular el debate político alertan al gobierno mexicano, justo cuando en el país se discuten regulaciones a las redes y nuevas protecciones a la imagen de políticos y figuras públicas. El mayor desafío es combatir la manipulación digital sin convertirlo en un mecanismo de censura. Pero en la era de internet, cada vez es más difícil distinguir entre operaciones políticas para interferir el debate público —videos falsos y deepfakes— y limitaciones a la libertad de expresión.
Las amenazas adoptan nuevas formas y personajes poderosos se blindan registrándose como marcas. Suenan alertas con reformas como la llamada “ley antimemes”, la penalización por el uso de la imagen pública y regulaciones de las redes por mensajes de odio. Pero al mismo tiempo a muchos gobiernos preocupan campañas de desinformación política financiadas por potencias extranjeras, como se denuncia de EU en los comicios brasileños. La tentativa de regular las plataformas es un terreno resbaladizo y a menudo contraproducente por el costo de restringir la circulación de contenidos. El caso brasileño también lo muestra, aunque mediante métodos más explícitos, sofisticados e intensos.
Esa experiencia no pasa inadvertida para el gobierno de Sheinbaum, que también ha denunciado reiteradamente ecosistemas de cuentas dedicados a difundir narrativas falsas y manipular la conversación digital, como los operados por Fernando Cerimedo y La Derecha Diario contra gobiernos de izquierda de la región, entre ellos Brasil, Colombia y México.
Preocupaciones intervencionistas aparte, Sheinbaum ha negado que su iniciativa aprobada en el Congreso busque castigar los “memes”, caricaturas o críticas políticas. Defiende que el objetivo es evitar engaños y fraudes por la suplantación o tergiversación de la identidad de instituciones y autoridades. Y, en efecto, el problema no son los memes, sino el riesgo de cubrir el derecho a la imagen de una coraza penal que, en los hechos, sirva para preservar a figuras públicas de la crítica; como otra versión de “dato protegido”.
Por ello, esa ley nace entre dudas, sobre todo en la oposición, que ve abrir la puerta a la censura y criminalizar la parodia. La penalización del derecho a la imagen puede tener un efecto inhibidor del juicio político y la crítica hacia figuras públicas, con multas superiores a 4 millones de pesos; con la sola restricción de que el daño a la imagen tenga escala comercial, es decir, que exceda los 20,000 pesos.
En la práctica, una interpretación judicial amplia podría proteger más a instituciones, autoridades y grandes empresarios que la libre expresión del ciudadano común. Además, si el objetivo fuera resguardar las redes de la manipulación digital, la iniciativa tampoco resuelve el otro problema de la interferencia del debate público: el financiamiento de campañas intervencionistas. Por ejemplo, la línea de investigación de la policía brasileña sobre la posible injerencia electoral es un posible desvío de fondos del Departamento de Estado estadunidense para influir en el proceso y desestabilizar al Poder Judicial a partir de una denuncia de The Guardian. Antes, la caída de Cerimedo se precipitó en el allanamiento de su propiedad por el hallazgo de granjas de bots, dinero en efectivo y documentos sobre la estructura digital de la derecha en Latinoamérica; y no por pruebas derivadas de contenidos publicados en redes sociales.
La libertad de expresión enfrenta riesgos inéditos en la era de las redes. Hace una década, las redes eran espacios abiertos, participativos y poco regulados. Hoy, grandes empresas tecnológicas controlan ese entorno y deciden qué contenidos circulan. Como muestra, Meta desactivó la cuenta de anuncios de la campaña de Lula pocos días antes de la elección, con la explicación vaga de que infringía sus reglas.
El amplio espectro del intervencionismo ha rondado las elecciones de Brasil y, antes, las de Colombia; en el futuro podría alcanzar a México. Sin embargo, el mayor desafío tanto para la soberanía como para la libertad de expresión proviene de las grandes empresas tecnológicas que controlan las redes. © 2026 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
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