NÚNERO CERO/ EXCELSIOR
La democracia está cruzada por un creciente protagonismo de militarismo, pese a contraponerse. También en México, la Defensa se dispone a asumir ahora sí a la Guardia Nacional con una nueva ley que refuerza su influencia en áreas civiles de la seguridad pública y mayores atribuciones de vigilancia por parte del Ejército contra el crimen en todo el país.
El Congreso discutirá esta semana en periodo extraordinario la nueva regulación tras un lustro de discusión sobre la erosión de la supremacía civil frente a las FA con salvaguardas de privilegios y protecciones castrenses. La iniciativa, enviada por Sheinbaum, concreta una política de Estado seguida por los últimos tres gobiernos para crear una organización militar fuerte y centralizar bajo su comandancia general a la diversidad de policías caracterizadas por la fragmentación.
El empuje militarista tomó fuerza desde que Calderón sacó al ejército a las calles sin papeles en su “guerra contra el narco”, que trató de enmendar con una Ley de Seguridad Nacional de 2009; luego Peña Nieto buscó darles cobijo legal con la de la Ley de Seguridad Interior, pero nadie lo concretaría hasta López Obrador con la reforma de la GN en 2019.
En esta travesía histórica, la redefinición del papel del Ejército parece resultado de una capitulación del gobierno civil ante el fracaso de reformas a la seguridad y la inoperancia de sus policías. Esas reformas nunca plantearon esquemas democráticos, como llevar a un civil a la Defensa o un comando conjunto que mantuviera mayores equilibrios. Aunque todos desgañitaran contra la militarización y criticaran su presencia en la calle, en los hechos, la han pretendido y apoyado.
Pero esa percepción sirve a las FA para defender que su protagonismo se debe a la decisión del poder político y rechazar el término “militarismo”; a pesar de la innegable proyección del estatus castrense en el Estado desde seguridad pública, aduanas y las mayores obras públicas del anterior y actual sexenio. También su mayor exposición a la corrupción y privilegios que socavan a policías estatales y municipales. Su presencia avanza sobre una cuchilla de doble filo ante la actividad del crimen y la violencia de cárteles trasnacionales en todo el país, que, además EU persigue como terroristas; y a la vez, sus nuevas responsabilidades que los obligan a asumir los fracasos de los gobiernos civiles, aunque cuenten con su apoyo, beneficios y exenciones en la rendición de cuentas. Junto con la mirada preocupada y crítica de activistas y organizaciones civiles que desconfían de sus implicaciones para los derechos humanos y la erosión de la democracia.
Las dos mayores inquietudes de la iniciativa son que por primera vez permite a la GN investigar delitos del fuero común y refuerza las facultades de inteligencia de la Defensa contra el crimen. Aunque ello también signifique legalizar la vigilancia sobre la ciudadanía sin claros controles democráticos; junto con otras leyes de inteligencia y seguridad o Telecomunicaciones enlistas en el extraordinario, que implican riesgos para la privacidad y datos personales. Todos sabemos que la inteligencia ha servido aquí también para el espionaje político, incluido el ejército en el escándalo de Pegasus.
En cuanto a la primera, los artículos más polémicos son el 19, que autoriza a Defensa a procesar y usar información de inteligencia por “seguridad nacional”; y el noveno, para acceder a datos de empresas de telecomunicaciones o de georreferenciación de equipos en tiempo real, sin tampoco precisar la exigencia de autorización previa de un juez.
Y respecto a la segunda, el temor de que su intervención en delitos locales abra la puerta a la GN para sustituir a las policías estatales y municipales con el reconocimiento implícito de su fracaso, dado que exigirá participar mediante carta compromiso que capaciten a sus elementos; algo difícil de cumplir por la disminución de fondos para seguridad y la desaparición de programas como el Fortaseg, que afecta la capacidad de los municipios para invertir en su seguridad.
Su empuje dibuja la perspectiva de supremacía militar en la seguridad sobre los civiles por décadas. De ser así consumaría antiguos planes del Ejército de extender la capacidad operativa de sus fuerzas a los estados y municipios, aunque por otro lado digan que no fueron ellos quienes se autollamaron a hacerse cargo de desastres de la seguridad.
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