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Hace casi una década el abogado Vidulfo Rosales –hoy secretario de Estudio y Cuenta (y cuento) del “Tata mandón” de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar –, aún medraba con el negocio más rentable de su vida: la protesta infinita y circular por los hechos ocurridos hace once años en Iguala. “Los 43”.
La representación justiciera de los intereses emocionales, económicos, familiares y sociales de los dolientes padres (según la versión interna), logró convertir la pena en industria. Vidulfo optó por un camino genial: presentó siempre un asesinato masivo cometido por la mafia del PRD en Guerrero, los amapoleros serranos y el crimen organizado, en un crimen de Estado con la imposible búsqueda de sobrevivientes como cebo, lo cual llevó el tema a otro terreno: el de los Derechos Humanos, más allá de los delitos terribles.
Pero toda labor carga su cruz.
Vidulfo debía soportar el mal talante de los “indios piojosos”. Y mira dónde fue a caer, a la primera corte indigenista, pero ese es costal para otra harina.
La prensa de entonces (13.04.16) relataba:
“…En un momento de enojo, el abogado Vidulfo Rosales Sierra (en una conversación que sostuvo aparentemente con su esposa) se refiere a los padres de los 43 normalistas desaparecidos desde hace año y medio como “pinches indios piojosos”, que se niegan a cargar sus cobijas y a recoger sus platos cuando están de gira, por lo que descalifica la actitud de quienes deberían ser “el ejemplo de la lucha en el país” y lamenta que se conduzcan de esa forma (El universal)”.
Obviamente, Rosales negó la veracidad de esa conversación y se exhibió con víctima de espionaje. Para confirmar su dicho presentó las pruebas más contundentes posibles: su verborrea y la docilidad de quienes debieron quejarse. Se quedó como asesor y Sanseacabó.
A fin de cuentas después de casi once años de exprimir esa cabra, Rosales se fue a un sitio menos agreste: la Ciudad de México, donde junto con otros 40 válidos de Hugo Aguilar, se incrustó en la sobrepoblada burocracia del “Alto tribunal”, con un sueldo considerable y lejos de la molestia de lavar platos, cargar cobijas y lidiar con “indios piojosos” a quienes empujó al exhibicionismo doliente (y también al subsidio gubernamental), durante todos estos años en los cuales lo único real –y lo prueba un tribunal colegiado–han sido las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (José Larrieta) y de la extinta Procuraduría General de la República (Jesús Murillo Karam, injustamente confinado en prisión domiciliaria).
De su patrocinio a la causa justiciera, Vidulfo se quejaba hasta en términos urinarios:
–“…Quiero pasar al baño, pero es un lío porque los padres están haciendo una pinche fila interminable”.
El gobierno fomentó la truculenta expresión de los “desparecidos” cuando sólo había asesinados. Llegó hasta la negrura de Omar Gómez Trejo –el fiscal fantasma quien huyó del país hace ya muchas lunas protegidas por el GIEI y de cuya mágica subsistencia poco se sabe– y ahora choca contra su propia estrategia.
“…A pesar de que se han reunido en cinco ocasiones con la presidenta Claudia Sheinbaum, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa (ya divididos en dos grupos de mayor o menor radicalismo) señalaron recientemente que durante su gestión no perciben una estrategia clara para conocer el destino de los jóvenes, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 (R)…”
El destino de los jóvenes, por desgracia, es bien conocido. Lo demás, es industria de la queja, la plusvalía del dolor, la rentabilidad política y a la larga un cómodo “modus vivendi” cuya solidez se resquebraja después de once años a pesar de la mercadotecnia hoy llevada hasta el Estado de Israel donde se ha refugiado Tomás Zerón de Lucio acusado de tortura, delito o violación de derechos, jamás probado o demostrado, cuya invocación sirvió para sacar de la cárcel a muchos asesinos y devaluar sus declaraciones para meter la investigación en una espiral negra.
Como bien dice Iñaki Blanco, el ex procurador guerrerense, quien fue el primero en conocer de los hechos y hoy es cabal y sin prejuicios, un conocedor de las investigaciones de buena y de mala fe realizadas desde entonces:
“…A lo largo de once años, hay quienes, a partir de análisis sesgados o parciales, han encaminado sus esfuerzos en desestimar, entorpecer o desacreditar los avances del trabajo ministerial del caso Iguala y la participación de aquellos que han conocido del mismo en carácter de autoridad en los ámbitos estatal y federal, sin tener presente que con ello y al no contar con datos de prueba fehacientes, idóneos e indubitables para soportar sus afirmaciones o posturas, generan confusión en la opinión pública y revictimizan a las víctimas directas e indirectas.
“Esos personajes o grupos (él no los menciona, pero son el GIEI, los forenses argentinos; Omar Gómez Trejo –el peor de todos— y Alejandro Encinas, el más torpe de todos) han privilegiado intereses particulares e intentando imponer hipótesis inverosímiles y absurdas a partir cargas ideológicas que no pretenden, en modo alguno, el esclarecimiento de lo ocurrido la noche del 26 y en las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, esto es el homicidio de 6 personas, la afectación de 25 más que resultaron lesionadas y la desaparición de 43 alumnos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”.
Visto así el embrollo, resolver el caso Iguala se ha convertido en algo tan imposible, como armar –con los ojos cerrados– un reloj con piezas chuecas, dentro de un pozo de tinta.
La verdad –histórica o no– es tan evidente e inconveniente para la versión oficial (de este gobierno y el anterior), como para rechazarla. Terminaría autoinculpándose por el encubrimiento y la distorsión.
La alianza de la izquierda con el crimen organizado (entonces y ahora) en el poder en Guerrero generó toda esa violencia criminal. Y no sólo ahí, como ahora vemos en otros lugares, sin las consecuencias masivas tan horrorosas como la matanza igualteca.
Y un último apunte.
Las protestas de los padres en la embajada israelita (inducidas por sus managers) para exigir la entrega de Zerón, fueron también contra Relaciones Exteriores y la señora presidenta (con A):
“…Solo le pedimos a la presidenta Sheinbaum que si tiene un poco de respeto por los padres y un poco de respeto por los estudiantes, ayude a resolver este caso y diga la verdad…”
Aquí se parte de otra falacia: la presidenta (con A) conoce la verdad y la oculta por maldad o desinterés. Y el Estado judío protege a Zerón por causas de perversidad.
Ya desde hace unos años los activistas iban a la embajada.
“… (LJ).- En un video difundido luego de que padres de los normalistas se manifestaron ante la legación (08.22), el diplomático aseguró que su gobierno comparte el dolor de éstos; “sin embargo, Israel, como Estado de Derecho, debe poner en marcha sus obligaciones jurídicas internacionales mientras examina la solicitud requerida por México, incluso cuando se trata de una petición relacionada con una herida abierta en la opinión pública mexicana”.
“Sobre la protesta y las pintas realizadas en la fachada de la sede (con tono antisemita), señaló:
–“Nos queda claro que la violencia desplegada no tiene relación alguna con el caso de Ayotzinapa”.
El NYT ha publicado –entre otros– los motivos de la reticencia a la extradición: México no respalda la conducta de Netanyahu en Palestina. Le llama genocidio.
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