Antes de la liberalización de precios, explica, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas consistía en aplicar una tasa variable, a fin de ajustar los precios con las tarifas determinadas por el Poder Ejecutivo federal y de mantener la estabilidad ante la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.
A partir de la liberalización de los precios de las gasolinas, en el año 2018, los precios serán determinados por las condiciones del mercado y dejarán de ser fijados por el Gobierno Federal. En paralelo, el impuesto especial a este combustible dejará de operar como un subsidio y como un mecanismo interno de regulación de precios.
El impuesto se convertirá en fuente de recaudación estable y “en un instrumento de política fiscal que ayude a inhibir el alto consumo de combustibles fósiles, para reducir los efectos nocivos que se producen en el medio ambiente y en la salud pública”.
Los impuestos ambientales tienen una finalidad no solamente recaudatoria, pues entre mejor funcionen darán lugar a una reducción de la base gravable, porque más se reducirá el comportamiento que causa el pago del impuesto, señala el análisis.
El IBD advierte que los impuestos especiales a las gasolinas y el diésel en México, al menos hasta 2014, han generado anomalías que provocan efectos ambientales y sociales contrarios a los deseados.
El funcionamiento de este gravamen como un subsidio y no como un impuesto, por varios años, está asociado al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global; no facilita la sustitución de energías contaminantes por energías limpias, y contribuye al agotamiento de recursos naturales no renovables. Además, es regresivo porque el consumo de las gasolinas se concentra desproporcionadamente en grupos de ingresos medios y altos.
El análisis del Instituto Belisario Domínguez reconoce que “la existencia de bienes sustitutos no contaminantes es muy limitada y su ampliación implica altas inversiones”.
Por ello, insiste en la necesidad de políticas complementarias: mejoras en la planeación urbana y en los sistemas de transporte público, medios alternativos de transporte urbano sustentable; mejoras en la calidad de los combustibles y fomento del uso de energías limpias; fomento de la innovación para la modernización del parque vehicular; y calidad regulatoria de vigilancia y control en la implementación de instrumentos de política ambiental.
La efectividad en el uso del impuesto a las gasolinas como medida de política medioambiental, se incrementará a partir del año 2018, en el caso de que se apliquen políticas complementarias, como ha ocurrido en diversas experiencias internacionales.