Desaprueban especialistas de la UNAM como del IPN los contenidos y metodología pedagógica de los nuevos Libros de Texto Gratuitos que imprimieron el gobierno de la 4T debido a que no solo hay errores ortográficos sino conceptuales y estructurales.
Coincidieron en señalar que no hay uno solo de los libros que se salve de estas fallas, además de la falta de capacitación a los maestros para implementar la enseñanza de la llamada Nueva Escuela Mexicana.
Al participar en el foro “Libros de Texto Gratuitos para una Educación con Futuro”, organizado por diputados del PRI, PAN y PRD en el recinto de San Lázaro, los académicos e investigadores advirtieron que toda la responsabilidad de los errores garrafales recaerá en los docentes que no sabrán cómo resolver estos graves problemas.
Irma Villalpando, profesora de la FES Acatlán, dijo que incluso, en este experimento que afecta a más de 25 millones de estudiantes, no hay una progresión educativa pues los contenidos no son acordes a la edad de los alumnos, por ejemplo, a los de primer año les piden participar en asambleas y discutir los problemas sociales de sus comunidades.
Agregó que no corresponden ni a los intereses ni a las capacidades de los niños.
A su vez, el representante de la asociación civil, Métrica Educativa, Eduardo Backhoff , denunció que el modelo de la Nueva Escuela Mexicana desprecia el conocimiento científico y equipara a la ciencia con los saberes de las comunidades indígenas como la herbolaria, la hechicería y las supersticiones, incluso, considera que la ciencia está al servicio del capitalismo y de las clases opresoras.
Sostuvo que la Nueva Escuela Mexicana es una manzana envenenada para los alumnos y plantea una visión maniquea de la realidad.
“El nuevo provisto educativo va de la mano con la visión que propone la SEP de leer a autores como Marx, Lenin, Foucault, Althusser, entre otros. Entre los postulados de la pedagogía crítica que comparte la Nueva Escuela Mexicana se encuentran los siguientes: concientizar a los estudiantes de las clases sociales a las que pertenecen e identificar a quienes detentan el poder. Los trabajadores como clase explotada y la clase empresarial como agentes explotadores, esto es una visión maniquea y muy peligrosa”.
En su oportunidad el académico del departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav del IPN, David Block, consideró que al menos se debe otorgar a los profesores de nivel básico algún material adicional para poder enseñar matemáticas.
“Yo pensaba en Matemáticas, pues facilitarles materiales que les sirven para trabajar con los niños, me llamó mucho la atención, ojeando el libro de secundaria que acaba de salir y que tiene un apartado de bibliografía recomendada para el maestro. La SEP ha imprimido desde hace muchos años un montón de material muy bueno para el aula, por lo menos que se les facilite este material, no?”.
La también investigadora del Cinvestav, Alma Maldonado, señaló que nadie quiere que las propuestas de los materiales didácticos sean un fracaso rotundo, pero la Nueva Escuela Mexicana espera una amplia participación de los padres y la comunidad, pero no considera a los maestros, quienes hubieran detectado en la revisión los errores que hoy se señalan y con un poco de voluntad política se hubieran corregido, aseveró.
Durante su participación la diputada federal del PRI, Ana Lilia Herrera urgió a una nueva estrategia para corregir los libros, pues las denominadas “áreas de oportunidad” no sólo quedan a deber en términos de ortografía, de imprecisiones históricas o de cuentas mal hechas, sino que escalan al orden conceptual, didáctico y pedagógico. Dijo además que en este momento lo que importan son las soluciones y no las críticas ideológicas, por lo que sugirió como medida efectiva y emergente recuperar los libros de texto del ciclo escolar anterior y devolverlos a las escuelas.
Otra solución sugerida en el foro, para el caso de las matemáticas, fue la impresión de un libro adicional con actividades y ejercicios que permitan a maestros y alumnos alcanzar los objetivos de aprendizaje de cada fase o grado escolar. Afortunadamente, dijo la legisladora, en la Ley General de Educación se faculta a las entidades federativas para que, de manera concurrente, puedan formular planes y programas de estudio distintos del Sistema Educativo Nacional, así como editar libros y producir otros materiales educativos diferentes a los libros de texto gratuitos.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a través de la diputada Gabriela Sodi Miranda, alertó que la necedad del Presidente Andrés Manuel López Obrador de distribuir los Libros de Texto Gratuitos plagados de errores ortográficos y distorsión de la ciencia, sin contar la merma de disciplinas como la lectura y las matemáticas, perjudicará -de manera directa- a casi 30 millones de mexicanas y mexicanos; y al país entero de manera indirecta.
Lamentó que, ante escenarios de desigualdad territorial, violencia, pobreza y discriminación que provocan deserción escolar en la niñez y juventud del país, el Gobierno de López Obrador insista en difundir materiales cuya elaboración no fue hecha conforme a la ley ni se consultara a expertos, en momentos en los que resulta prioritario para México, fortalecer todas herramientas pedagógicas e implementar acciones que permitan a las nuevas generaciones, su incorporación al desarrollo, no a llevarlos a más retroceso.
Destacó que, “a nivel nacional, existen 29 millones de niñas, niños y adolescentes que iniciaron el ciclo escolar 2022-2023 en el nivel básico y media superior, cifra que –aseveró- nos permite visualizar los retos y desafíos a los que nos enfrentamos como servidores públicos”.
Y teniendo en cuenta esta cifra para el desarrollo nacional, la legisladora precisó la necesidad de no comprometer y sí garantizar el soporte de los conocimientos educativos y de materiales pedagógicos para la formación básica.
En este tenor, destacó que las y los legisladores asumen el compromiso de emprender acciones que permitan que las niñas, niños y adolescentes de México, puedan adquirir los conocimientos indispensables para afrontar los retos futuros y dar cumplimiento a lo que establece el Artículo Tercero Constitucional sobre la responsabilidad de Estado de garantizar una educación de calidad.