Por Miguel Gaytán.- Restricciones legales y de infraestructura operativa limitan la actuación de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, por lo que su Secretario Ejecutivo, Jaime Rochín, llama a revisar y actualizar la normatividad relativa que permita ampliar la cobertura de su actuación.
“Esto es parte de estas discusiones actuales: para nosotros atender delitos cometidos contra comunidades indígenas tienen que ser del fuero federal y muchas veces no tenemos esa posibilidad, sino que están en el fuero común y resulta complicado poder entrar por el tema del federalismo” advirtió.
Refirió, que también está presente el fenómeno de los desplazamientos y violación de derechos humanos de comunidades ya sea por motivos religiosos u otros, pero que tampoco pueden ser atendidos, por la falta de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en otras ocasiones por la restricción impuesta por la normatividad vigente, lo que suscita una doble discriminación.
“Además de ser discriminados por su condición de ser o pertenecer a comunidades indígenas, no pueden ser atendidos por la Comisión Ejecutiva del Gobierno Federal porque sus delitos o la violación a sus derechos están en el ámbito local y no tienen una Comisión Ejecutiva que puede atender y apoyar esas demandas; entonces si es un problema muy importante”, puntualizó.
Por otra parte, apuntó, que el clima de violencia que genera el crimen organizado provoca también desplazamiento de comunidades, indígenas o no, como sucede en Sinaloa, Guerrero o Tamaulipas, entidad esta última en la que los desplazamientos que se producen son incluso de carácter individual.
Otro factor limitante, puso de relieve Jaime Rochín, es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que encabeza no recibe denuncias, sino actúa respecto de personas que son declaradas víctimas ya sea por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República u órganos jurisdiccionales.
“Tiene que ser víctima de un delito o de una violación de Derechos Humanos; pero muchas veces son comunidades enteras que no necesariamente lo son por un delito específico, sino que, por la violencia, por las necesidades tienen que trasladarse, por eso creo que es urgente hacer una ley específica para atender este tema del desplazamiento”
Rochín del Rincón, enfatizó que la CEAV impulsa un cambio de paradigma en la atención de las víctimas para que la reivindicación de sus derechos surja a partir de sus propias necesidades y demandas.
Por ello, subrayó es de particular relevancia contar con referencias documentadas sobre las circunstancias que se enfrentan ante un hecho victimizante, desde la perspectiva intercultural.
Asimismo, señaló que pese a que los derechos humanos se encuentran resguardados por la Constitución, las leyes y tratados internacionales, las personas y comunidades indígenas aún son víctimas de una profunda discriminación social que permea el sistema de justicia penal, ocasionando que un gran número de personas agrupadas en este sector que son indiciadas, procesadas o sentenciadas, no cuenten con la atención apropiada y terminen siendo víctimas de múltiples vejaciones, abusos y omisiones por parte de la autoridad encargada de procurar justicia.