COMPARTIR

<< La medida, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entrará en vigor mañana martes 3 de noviembre en todo el país; en educación básica se restringirá el uso de celulares durante las clases y los recesos

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el Sistema Educativo Nacional (SEN), integrado por 34.1 millones de estudiantes, atendidos por 2.2 millones de docentes en 263.6 mil escuelas públicas y privadas, se encuentra listos para aplicar, a partir de mañana, martes 3 de noviembre, los lineamientos para el uso de dispositivos digitales en los planteles educativos de todo el país, resultado de un proceso de diálogo y consulta en el que participaron docentes, especialistas, autoridades educativas, universidades y organismos internacionales.

El titular de la SEP invitó a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a “apagar el celular y encender la imaginación con la lectura”. Explicó que, en primaria y secundaria, se restringirá el uso de teléfonos celulares durante las clases y los recesos. En educación media superior, cada plantel establecerá sus propios acuerdos, de manera conjunta con docentes, madres y padres de familia, de acuerdo con las características de sus comunidades escolares.

Agregó que, en educación superior, donde las y los estudiantes son mayores de edad, se promoverá una ciudadanía digital sustentada en el pensamiento crítico, el conocimiento de los algoritmos, el funcionamiento de las pantallas y el uso de la inteligencia artificial.

Explicó que esta regulación, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, responde a la necesidad de proteger la salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes ante los riesgos asociados con el uso excesivo de pantallas y la posible adicción a las plataformas digitales, factores que pueden propiciar problemas como depresión, ansiedad, insomnio, autolesiones y desórdenes alimentarios.

Señaló que las redes sociales también pueden propiciar comparaciones con modelos de vida ilusorios, en los que las y los jóvenes llegan a medir su valor personal a partir de los likes y las interacciones digitales.

Advirtió que, mediante mecanismos como el scroll infinito, las personas menores de edad pueden quedar expuestas involuntariamente a contenidos de violencia, pornografía, mensajes de odio, acoso sexual y ciberacoso. Destacó que se trata de una preocupación mundial y que México se suma a más de 100 países que han establecido reglas para regular el uso de celulares y dispositivos móviles en las escuelas.

Subrayó que, como ocurre con las decisiones relevantes en materia educativa, esta regulación se construyó con la participación de las comunidades escolares. En este sentido, informó que más de 650 mil maestras y maestros participaron en una consulta nacional sobre el uso de dispositivos móviles, cuyos resultados evidenciaron la importancia de atender esta problemática.

Detalló que 80 por ciento de las y los docentes identificó dificultades de sus estudiantes para mantener la atención; 79 por ciento, problemas para recordar información; 73 por ciento, dificultades para regular sus emociones o afrontar la frustración, y 71 por ciento observó cansancio o somnolencia. Ante este panorama, 81 por ciento de las maestras y los maestros consideró necesario tomar medidas.

Mario Delgado enfatizó que la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital no puede recaer exclusivamente en madres y padres de familia, maestras, maestros y autoridades educativas, sino que también exige la responsabilidad de las plataformas digitales, particularmente frente a contenidos que promueven la violencia, el acoso escolar y el abuso sexual.

Apuntó que, ante esta problemática, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó un decreto que establece obligaciones para las empresas de plataformas digitales, entre ellas, detectar y retirar de inmediato contenidos de odio y violencia, notificar a las autoridades para identificar oportunamente patrones de violencia y otros riesgos, así como fortalecer las medidas de seguridad y verificación de edad para proteger a las personas menores de edad que acceden a estos servicios.