Número cero/ EXCELSIOR
El debate sobre el manejo de la pandemia como terreno de disputa del gobierno, la oposición y sus críticos, ahora se enfila a los tribunales. La polarización sobre López-Gatell como responsable de la gestión de la crisis sanitaria ha dejado poco espacio para una discusión que escape del ataque y la crítica sistemática, frente a la defensa a ultranza de una estrategia inamovible, pese al impacto de un virus mutante que nos coloca en uno de los primeros lugares en exceso de mortalidad en el mundo por covid.
El camino recorrido de controversias sin ponderar aciertos, como la apuesta por las vacunas o los contraataques oficiales para descalificar críticas, ha mantenido cerrado el canal de acuerdos en la emergencia. Sin fuerza argumentativa que diera mayor solidez a los motivos de las decisiones, el tema será una discusión sin fin. Y, evidentemente, sin ganadores. Sólo con el saldo del gran vacío de más de 300,000 muertes y cinco millones de casos hoy en día.
Las demandas por negligencia contra López-Gatell siguen la ruta de mantener abierto el enfrentamiento y, en su caso, llevar a un improbable enjuiciamiento del gobierno. Este es el punto de diferencia entre el debate político en torno a la crisis sanitaria y la nueva vía de denuncias legales que, aunque centradas en López-Gatell, busca proyectarse sobre el gobierno. López Obrador sabe del alcance que podría tener un proceso legal de este tipo, del que, en última instancia, es responsable como titular del Ejecutivo. Ante las demandas, el Presidente ha dado un paso al frente para colocarse en la primera fila de la responsabilidad en la crisis sanitaria y defender nuevamente su estrategia con la “conciencia tranquila”. Con ello, trata de quitar fuego a López-Gatell y evitar que se propague a toda la casa, aunque otra vez lo exculpa de cualquier error sin asomo de autocrítica. No la ha habido, a pesar de que en otras partes los gobiernos tuvieron que hacer rectificaciones ante la incertidumbre y situaciones cambiantes del virus.
De todas maneras, el zar anticovid mantendrá los reflectores encima porque, como dicen los abogados, la litis de la disputa contra el gobierno pasa por establecer un nexo de casualidad entre una acumulación de omisiones suyas y las víctimas mortales del virus. A lo largo de la pandemia, López-Gatell ha asumido un protagonismo político alejado del especialista técnico y varios tropiezos, como desdeñar el uso de cubrebocas, rechazar la aplicación de pruebas masivas o la negativa a vacunar niños, que el Presidente ha secundado.
Pero se ve muy cuesta arriba probar que éstas fueron la causa de las muertes de la pandemia. De cualquier forma, el Presidente exculpó al funcionario de cualquier denuncia con un fallo personalísimo, “yo lo declararía inocente”, aun antes de que ni si siquiera se le abra un proceso. Más importante es llevar nuevamente las denuncias al terreno político y atribuirlas a la molestia opositora, porque López-Gatell no se arredró con las críticas. “Quería agarrar un pollito y le salió gallo”, dijo para repetir su panegírico sobre su operador en la pandemia como “una autoridad”, “una persona decente y honesta” y “un profesional de primer orden”.
De otro lado, la posibilidad de que López-Gatell sea vinculado a proceso transita en un terreno fangoso en que fácilmente pueden hundirse las denuncias. La demanda civil trata de sustentarse en jurisprudencia de la Corte en el caso de la Guardería ABC y en la condena por homicidio culposo a la directora del colegio Rébsamen por la violación de las normas de construcción. La estrategia de la demanda es demostrar que en el manejo de la pandemia hubo violaciones a las recomendaciones de la OMS, aunque no son vinculantes. Y, también, que López-Gatell incumplió con obligaciones del cargo de la ley orgánica de la Secretaría de Salud.
Un tribunal ordenó hace unos días a un juez reabrir las denuncias para recabar más pruebas. De no conducir a la vinculación a proceso, los demandantes podrían ampararse y, de ser denegado, elevar la denuncia a instancias internacionales, como la CIDH. Ésta parece ser la pretensión final, trasladar el debate interno a foros internacionales para avanzar en una condena política con otras 350 o 400 denuncias que sumar a una demanda colegiada contra el Estado mexicano, que muy improbablemente se sostendría en tribunales.