Desde que llegó a la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos hizo girar la pirinola y la cara que quedó hacia arriba indicó: toma todo.
Así, mientras la aplanadora morenista encabezada por Adán Augusto López barrió en el Senado de la República con Alejandro Gertz Manero, del que ya no se sabe nada, Ernestina hizo nombramientos, proyectó cambios y aceleró a fondo.
Tenía que dejar claro, lo antes posible, que su gestión al frente de la FGR sería diferente, lejos de la actuación de su antecesor, sin sesgos políticos, con sello propio y no como una “fiscal carnal”.
“Coordinación real entre instituciones, con autonomía”, planteó el 3 de diciembre, el mismo día que el pleno del Senado de la República la designó Fiscal General de la República.
Pero mientras metía el acelerador por esa gran avenida por la que transita la FGR, un coche bomba se atravesó en su camino, el primer gran caso que enfrentaría como Fiscal.
A las 11:40 horas del sábado 6 de diciembre, tres días después de su toma de posesión, una camioneta cargada con explosivos escondidos en una carga de plátanos estalló en la avenida Rayón, frente a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán. Al menos seis personas murieron.
A las 18:16 horas del mismo sábado – día de júbilo para la 4T que atiborró el Zócalo para festejar 7 años en el poder-, Ernestina lanzó un mensaje en redes sociales con un comunicado:
“La FGR a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Michoacán, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Especializada Organizada (FEMDO) y Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA) inició carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables del delito de Terrorismo” .
Así, Ernestina y su Fiscalía daban carácter de “acto terrorista” a lo ocurrido en Coahuayana.
Y no estaba equivocada. El delito de terrorismo está claramente delimitado en el Artículo 139 del Código Penal Federal, en el que no hay ninguna mención a reivindicaciones políticas o ideológicas.
Tres décadas de “coches bomba”
Incluso, el uso de coches bomba no es un asunto nuevo ni exclusivo del pasado 6 de diciembre.
Investigadores en materia de seguridad pública señalan –y está documentado- que desde 1994 a la fecha se han utilizado coches bomba en al menos 20 ocasiones como una táctica del crimen organizado para sembrar terror y presionar a autoridades o rivales.
Además, forma parte de un patrón histórico de violencia narco que ha escalado con los años. Los cárteles como el Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y La Familia Michoacana poseen un arsenal comparado con fuerzas paramilitares o insurgentes que obtienen a través del tráfico ilegal desde Estados Unidos.
Ernestina, entonces, estaba en lo correcto al señalar que el atentado se investigaría como un delito de terrorismo. Pero el trompo dio otro giro.
En menos de 24 horas, la Fiscal reculó, tomó otro camino y anunció, también a través de sus redes sociales, una reclasificación del delito: ya no sería investigado como terrorismo, sino como delincuencia organizada.
¿Por qué?, se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que Ernestina lo explicaría en su conferencia mañanera del 9 de diciembre. Pero la Fiscal no acudió y fue Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, quien aseguró que lo ocurrido en Coahuayana no se trató de un acto terrorista, que era parte de una disputa entre cárteles y que “el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales”.
Sin embargo, su argumento no está sustentado en el Código Penal Federal, por lo que la reclasificación del delito no es más que una decisión de carácter política para evadir el tema del terrorismo y no darle la razón a Estados Unidos sobre la clasificación que tiene de los cárteles de la droga mexicanos.
¿Y ustedes creen que Trump ha cambiado de opinión? Hace unos días, en entrevista con Político, insistió en lanzar ataques contra grupos delictivos en México, así como lo ha hecho en Venezuela.
Objetivos políticos
Después del caso Coahuayana, la FGR de Ernestina ha lanzado dos trompos que han tomado un camino totalmente político y que están enfocados a adversario del régimen de la 4T. Lo saben.
El pasado 8 de diciembre la Fiscalía informó de la detención del ex gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Esta es la segunda ocasión que es detenido, pero su encarcelamiento adquiere una relevancia política rumbo a la próxima elección de gobernador que se llevará a cabo en 2027.
Y le explico. Actualmente Morena, como partido, encabeza las preferencias electorales en Chihuahua y uno de sus senadores, el ex gobernador Javier Corral Jurado, acusa a la actual gobernadora Maru Campos de proteger a Duarte, de facilitar su impunidad y de mantener una colusión política.
Entre Javier y Maru existe, desde que eran compañeros en el PAN, un declarado enfrentamiento político que escala con la detención de Duarte y que Corral aprovechará para operar a favor del candidato o candidata de Morena al gobierno de Chihuahua.
Según una encuesta de GobernArte, la elección se perfila como una competencia cerrada entre Morena y el PAN, con un margen considerable de indecisos que podrían inclinar la balanza en los próximos meses.
El otro caso que ha generado un intenso debate público es la investigación en contra de María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
La acusación en contra de una de las más duras críticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la actual administración de Claudia Sheinbaum, se relaciona con la pensión vitalicia que recibe de Pemex desde 2005, tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ex exfuncionario de la petrolera mexicana y quien perdió la vida al caer del piso 12 de la torre de Petróleos Mexicanos.
Para el gobierno lopezobradorista la muerte de Márquez Padilla no fue un accidente laboral. Además, eran frecuentes las descalificaciones hacia MCCI por parte de AMLO durante sus conferencias mañaneras.
El asunto ha provocado que opositores al régimen aseguren que se trata de una persecución política, pero la FGR detalló que la investigación fue judicializada en el mes de septiembre –en la gestión de Gertz Manero- y no recientemente “como algunas versiones lo han señalado erróneamente”.
Sostuvo que la Fiscalía trabaja para realizar investigaciones en el marco de la ley, “sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas. Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales”.
Pues ya veremos cómo giran los próximos trompos y pirinolas de la FGR y cuáles serán los caminos que tomará Ernestina.
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