NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Las experiencias del nuevo modelo de fiscalías autónomas largamente deseadas para atacar la crisis de impunidad en el país son frustrantes. Su corta andadura —aunque sería mejor hablar en plural por su heterogeneidad en los estados— ha resultado un sueño perturbador con miedo a regresar a la vigilia de ministerios públicos que no sirven a la gente para acceder a la justicia, sino a otros poderes para la corrupción o el litigo político.
Desde la FGR y más de una veintena de estados se han colgado ese membrete en sus cabezales, pero sin plena autonomía para resistir la infiltración de poderes formal o informales. Las fiscalías conservan el mismo cascarón de estructuras y equipos con que funcionaban subordinadas a los ejecutivos. Al cabo de un sexenio tenemos órganos mal edificados contra violencia y crimen, confrontados directamente con los gobiernos o los congresos, y vulnerables a servir a vendettas políticas como la que cerró el pasado a Ernestina Godoy en la CDMX.
Pero el sinsabor que dejan en los estados, gobernados por partidos distintos, es palmario. La reforma que en 2018 dio paso al nuevo modelo de fiscalías, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no ha logrado cambiar su funcionamiento, ni sus fines para asegurar una procuración de justicia imparcial y eficaz; muchos menos el propósito central de homologar su naturaleza jurídica en las entidades, donde siguen dependiendo de gobernadores o se echan en brazos de los partidos en los congresos cuando de ellos depende la ratificación.
Las reformas integrales que prometidas a sus estructuras nunca llegaron, ni los presupuestos para reconvertirlas. No sólo faltaron asideros legales para sostener su autonomía, también mecanismos para la idoneidad de perfiles, comités independientes de designaciones y servicios profesionales de carrera para liberar la movilidad laboral del terreno político. La prisa para legislar al vapor sin reformas constitucionales ha dejado una pesadilla de “reinos de taifas” de fiscalías salpicadas por escándalos e ineficacias en Morelos, Guanajuato o Veracruz; por no citar otras señaladas de corrupción y hasta vínculos con el crimen del narco como Aguascalientes, Querétaro o Colima.
¿De cuántas puede decirse que lograron consolidarse y abatir la impunidad? ¿En cuales se transformaron los viejos enfoques autoritarios y políticos de la justicia? La Fiscalía de la CDMX mostró cifras de reducción de delitos de alto impacto, que pueden ser discutibles, pero que de poco contaron al votar la salida de Godoy entre acusaciones de fuego político cruzado. La oposición en el Congreso capitalino prefirió denunciar su gestión en ajuste de cuentas por el caso del cártel inmobiliario de autoridades panistas en Benito Juárez, aunque arriesgue investigaciones en curso en perjuicio de las víctimas.
Todo lo contrario que en Guanajuato, donde otorgaron en 2019 pase automático al procurador Carlos Zamarripa que llevaba 10 años en el puesto, en una violación constitucional. En su gestión se ha exacerbado la peor época de violencia y crimen en el estado, pero también esto poco importa. Cómo pretender refundar órganos con autonomía política con las mismas estructuras y perfiles burocráticos que antes cerraron el paso a la justicia como ejemplifica Zamarripa.
La lista de escándalos e ineficacia es larga, pero, irrelevante para seguir en el cargo. Importa para sostenerse, respetar pactos y complicidades con gobernadores salientes. A Uriel Carmona el tumulto lo persigue desde que llegó con el exgobernador Graco Ramírez, a cuyos intereses está ligado con el viejo cartabón de “fiscal carnal”. El Congreso federal lo desaforó tras acusaciones de encubrimiento del feminicidio de Ariadna Fernanda López, pero el local lo sostiene en un ejemplo del fracaso de la homologación jurídica de las fiscalías estatales.
Ha habido también denuncias preocupantes reveladas por filtraciones de Guacamaya Leaks de tres fiscales considerados no confiables en archivos de Sedena, Alejandro Echeverría (Querétaro), Bryant Alejandro García Ramírez (Colima) y Jesús Figueroa Ortega (Aguascalientes). Además, contra este último el CJNG ha exhibido mantas sobre corrupción en la fiscalía. Y hasta uno detenido por secuestro y desaparición de personas, Jorge Winckler, exfiscal de Veracruz, tras meses de enfrentamiento con el gobernador Cuitláhuac García en 2020.
La relación no es exhaustiva, pero dibuja el fracaso de un modelo de autonomía simulada y parches a una justicia que no logra enfocarse en las víctimas y romper con lógica política. Ése es el mayor reto para el próximo gobierno.