NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La falta de autocontención de la aplanadora legislativa de Morena en reformas al Poder Judicial y ahora al amparo, que afectan derechos de todos, es un signo de inmadurez democrática. Porque la instrumentalización sistemática de las reglas institucionales con fines partidistas es un camino que socava su legitimidad. También lo es utilizar una ley para fines distintos a su naturaleza por enderezar el amparo a cumplir objetivos recaudatorios, para los que el gobierno tiene otros instrumentos legales; así provengan de una mayoría respaldada en el voto popular.
La advertencia viene a cuento por la batalla en que se embarcó el liderazgo morenista en el Senado con el albazo de un transitorio para desmontar amparos anteriores a la aprobación de la reforma en una clara violación constitucional no incluida en la iniciativa presidencial.
En este asalto a la ley, se impuso el interés político de atrapar a defraudadores fiscales en los laberintos burocráticos del amparo; no el legítimo interés de modificar reglas que eviten abusos de “potentados” a los que apunta la iniciativa, en palabras de Sheinbaum; que impidan protegerse del impago de fortunas en impuestos con la misma obligación que cualquiera. La acción no es menor ni un dislate, dado que involucra al líder de la bancada mayoritaria en la Cámara alta, Adán Augusto López, quien está en medio en una tormenta política por señalamientos de corrupción y de ligas del cártel de La Barredora con su gobierno en Tabasco, enriquecimiento personal desde el tejado del poder político, y ahora metido en una maniobra que rompe la neutralidad del PJ y trastoca los límites constitucionales al pretender una reforma retroactiva.
Pero ni asomo de querer dimitir ni preocupación por desproteger a su jefa Presidenta y al pueblo que los votó. La “burbuja” morenista en el Senado no parece tener capacidad de controlar sus impulsos o revelar a qué responden, incluso con acusaciones de traicionar al movimiento contra voces que rechazaron el transitorio y dividieron el voto en la bancada, y el resto de los involucrados en el Poder Judicial o la Oficina de la Presidencia, que tampoco reaccionaron a la jugarreta.
El golpe legislativo requirió de la intervención de Sheinbaum, que allí sí, en una reacción de autocontención, aseguró que se frenará en Diputados con el compromiso explícito de Ricardo Monreal tras un llamado suyo. Pero queda como un grave episodio de esa indiferencia política que surge de desviaciones del límite de la sujeción a contrapoderes encargados de controlar excesos del poder, en ausencia de oposición.
El comportamiento de una mayoría insensible a la crítica es a la vez expresión y riesgo del uso de la ley con fines partidistas o alineados a objetivos ajenos a su finalidad. Léase reformar el amparo como vehículo recaudatorio de créditos fiscales por más de 2 billones de pesos que, según ha circulado, deben particulares al fisco; con el objetivo de financiar programas sociales y obras de infraestructura, ante la negativa oficial de la reforma fiscal. Pero también reformas electorales que acomoden el calendario a las necesidades electorales que tenga Morena de usar la popularidad de Sheinbaum para contrarrestar el deterioro de su marca por escándalos de corrupción, como la idea de programar la revocación de mandato el mismo día que las intermedias. O bien, una nueva ley de aduanas con la oposición en contra por concentrarse también en objetivos recaudatorios más que en mecanismos para cerrar el paso al negocio millonario del huachicol fiscal. Y, antes, una reforma al PJ bajo el argumento de combatir la corrupción, pero avalar una iniciativa al amparo que se proponía blindar a los servidores públicos y facilitar su trabajo fiscal, aunque hay abusos que legítimamente deban combatirse.
A juzgar por este evidente afán recaudatorio en tan diversos órdenes, las arcas del gobierno federal parecen una coladera de recursos que tratan de obturarse con leyes que sirven para otras cosas que atajar la merma de dinero y corrupción.
Para eso hay leyes que poco se usan como las anticorrupción, y otras que se aprobaron para sustituir a extintos órganos autónomos; que ahora con su nueva integración tendrán que probar sus resultados. Pero sin una voluntad expresa de autocontención de todos los protagonistas de esta clase de derivas legales, la democracia viajará al garete, intentando defenderse con el cumplimiento de leyes que violan su propio espíritu.
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