NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La reforma electoral del gobierno camina a marchas forzadas en medio de la confrontación y descalificación entre la clase política por el control del INE. La ruta de una reforma en solitario conlleva el riesgo de acabar con la fórmula del consenso de los partidos como piedra angular de la confianza en las elecciones. La mayor regresión es dinamitar los consensos sin acuerdos para un nuevo modelo electoral, dado que arriesga el compromiso de acatar los resultados.
A diferencia de las dos grandes reformas de este siglo, de 2007 y 2014, la actual se pelea en el Congreso y en manifestaciones en la calle como terreno de la confrontación política. Si antes resultaron de violaciones a las urnas, ahora abre el enfrentamiento aún antes de depositar el voto. Si aquéllas respondieron a denuncias de fraude, ésta prepara la inconformidad para no acatar la derrota. Si el objetivo de las otras fue la equidad en el acceso a los medios y evitar la interferencia del gobierno o de empresarios, ésta se justifica en razones instrumentales, como el costo de la política y la promesa imprecisa de evitar la compra del voto.
El Presidente va con todo y plan B para sacarla adelante, aunque con alcance político acotado sin los votos opositores para cambios constitucionales. Usará el revés para exhibir su negativa como prueba de la corrupción de los partidos y su defensa de privilegios. Se pondrá a votación un dictamen que reduce el costo y mantiene la sustitución del INE por el INEC para que se den un “balazo en el pie”, advierten.
El costo de la política no es popular, desde 1997 se multiplica, sin éxito, para erradicar la desconfianza. Pero la oposición tampoco tiene una propuesta alternativa y se envuelve en el “INE no se toca” para defender su autonomía, cuando en 2014 también se limitó su independencia por la centralización y el control de los gobernadores. Lo que sí logrará Morena es reducir el gasto del INE y su estructura, aunque ese proceso ya comenzó con un recorte presupuestal por 4,000 millones de pesos para 2023.
La ruta de la mayoría para aprobar una reforma legal es peligrosa por desgarrar los mínimos acuerdos de la alternancia pacífica del poder. La reforma implica un triple riesgo en las urnas que puede ser mucho más costoso que el ahorro que se propone con el INE, aunque sea un objetivo plausible. Hay que evitar, como advirtió Lorenzo Córdova, que vuelva a haber otro 2006, en el más claro reconocimiento del fraude que reclama López Obrador y sus críticas a la institución.
La confrontación debilita la autoridad del INE. El primer riesgo es perder al árbitro antes de iniciarse el partido, para usar una metáfora mundialista. Su descalificación desde el gobierno va más allá de la animadversión hacia su presidente porque permea a la institución, aunque conserve altos niveles de aprobación pública. El INE es rehén de ataques entre defensores que ya anticipan un fraude en 2024 porque el gobierno se “robará” la elección y sus detractores que lo acusan de complicidad hasta extremos ridículos, como la recomendación de la CNDH por una trampa electoral de 1952, antes de que existiera.
El segundo peligro es recortar su presupuesto sin acordar actualizar el modelo electoral al sistema de partidos que dejó el colapso de la partidocracia en 2018. En este punto no hay diálogo posible entre el imperativo del gobierno de reducir el INE y la postura de la oposición de no tocar nada hasta después de 2024. Queda, pues, la tijera de la austeridad, que puede afectar su operatividad, ya de por sí debilitada por la gresca política. Sus fallas e inconsistencias servirán de arma para impugnar las urnas contra una institución deslegitimada por los partidos y los contendientes con ataques al sistema electoral, como ha pasado en EU y en Brasil con la demanda de Bolsonaro de desconocer los resultados de la elección en que fue derrotado.
Finalmente, socavar los pocos acuerdos en los que se asentó la alternancia pacífica del poder devolverán otra vez las urnas al terreno del conflicto político en la lucha por el poder entre los partidos. En la sucesión presidencial de 2024 se juega un partido clave, en el que la incertidumbre democrática en las urnas puede dar paso a un resultado imprevisible que desestabilice el proceso.