A siete años las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos seguimos en píe de lucha exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos.
El día de ayer la Secretaría de Gobernación hizo pública las conversaciones interceptadas el 26 de septiembre y octubre de 2014 entre el director de seguridad pública municipal, Francisco Salgado Valladares y Gildardo López Astudillo alias “el Gil”, así como entre un policía de Huitzuco y Alejandro Palacios alias “Cholo Palacios”, respectivamente, en las que se da cuenta que nuestros hijos habrían sido entregados por la policía municipal de Iguala a miembros del grupo delictivo «Guerrero Unidos» quienes los privaron de la vida.
Las madres y padres de familia nos preocupa la publicación de información sensible de la investigación que puede comprometer su éxito, aunado a que los familiares ni los representantes se les permitió el acceder a la misma previo a su publicación y tampoco a las cinco madres y padres que conforman la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) se les consultó sobre tal proceder.
Por lo demás, el ejército tenía información en tiempo real de lo que estaba aconteciendo y no lo informó a las autoridades ni tomó medidas para prevenir la desaparición de los jóvenes, de igual forma desde el año 2018 a la luz de las obligaciones que tenía por el decreto presidencial que creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la justicia omitió dar esta información a las autoridades que investigan el caso.
Estas circunstancias fortalecen nuestra demanda de abrir una investigación exhaustiva contra elementos del ejército mexicano para deslindar su responsabilidad directa o indirecta en la desaparición de nuestros hijos.
Por su parte el estado mexicano tiene la obligación de esclarecer plenamente los hechos y ofrecernos verdad y justicia, seguiremos entregando retazos de información solo nos lastima y revictimiza.