Magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) han enviado cartas a representantes permanentes de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las que solicitan su intervención para que el secretario general de la OEA “valore la viabilidad y conveniencia de realizar una convocatoria inmediata al Consejo Permanente” y se realicen gestiones diplomáticas que frenen la reforma al Poder Judicial.
Entre los representantes a los cuales ya se les enviaron estas cartas se encuentran los representantes de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile y República Dominicana.
La referencia que hacen para que sus peticiones sean atendidas señala un alejamiento “sobre la existencia de un proceso en curso de ruptura del orden democrático en México, mediante el cese masivo de la totalidad de personas juzgadoras federales. Se solicita valorar la posibilidad de activar los diversos mecanismos de garantía colectiva de la Democracia que ofrece la Carta Democrática Interamericana”.
La misiva fue firmada por los magistrados Juan José Olvera López (primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito), José Manuel Torres Ángel (noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito), José Rogelio Alanís García (cuatro tribunal colegiado en materia penal del primer circuito) y Michele Franco González (noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito), y señalan que forman parte de un grupo de más de mil cien impartidores de justicia que están en contra de las reformas al Poder Judicial.
En su carta señalan que “los poderes Ejecutivo y Legislativo federales preparan una destitución masiva de las personas juzgadoras que actualmente nos desempeñamos como protectoras del orden constitucional y como garantes constitucionales y convencionales de los derechos humanos de todas las personas que viven y transitan por nuestro país”.
Asimismo, exponen que “el grupo en el poder (…) mediante un abuso del modelo de reparto de curules han logrado asegurarse una mayoría legislativa en la Cámara baja que les permite modificar la constitución sin ningún tipo de contrapeso”.
A consideración de los magistrados, “este grupo en el poder, como parte de la estrategia de derrocamiento de la Constitución vigente se encuentra desarrollando una agenda antidemocrática mediante la militarización formal [materialmente ya se realizó (sic)] del país, la eliminación de todos los organismos internos de control, inclusive el organismo garante de la transparencia, la ampliación de figuras jurídicas violatorias de derechos humanos como la prisión preventiva oficiosa, entre otras”.
Con información del periódico La Jornada