Número cero/ EXCELSIOR
La Marcha por la democracia expresa un adelanto del cuerpo del debate de la campaña presidencial entre dos bloques fuertes que se enfrentan políticamente en una suerte de disputa por la nación. Es el dominio del modelo del contraste que se configuró a lo largo del sexenio, pero cada vez más distorsionado por el empuje de encuestas falsas y fake news, violencia, injerencia del crimen y desinformación política hacia las urnas.
La ciudadanía se activa y asoma como factor decisivo que es con su voto. Ésta es la tercera vez que opositores a López Obrador se movilizan en las calles con la consigna de defender la democracia y reciben como respuesta la descalificación por “disfrazarse” de demócratas para volver al autoritarismo y sus privilegios. El centro de la campaña de confrontación son las reformas constitucionales al Poder Judicial y electoral sobre la representación, distribución y equilibrio de poderes, que envió al Congreso y que ocupará las coordenadas del debate electoral. Por eso, la concentración denuncia la intervención de López Obrador en el proceso y llamó a defender el voto libre, aunque nada le impide legalmente promover sus iniciativas.
Pero, sobre todo, levantan la amonestación de una elección de Estado y, por tanto, adelantan un fraude, sin advertir los mayores peligros que erosionan la democracia más allá de la narrativa de la “dictadura de Morena” si arrasa en los comicios. El discurso de la democracia en riesgo frente al autoritarismo deja a la intemperie amenazas que contaminan las libertades y degradan el voto por la desinformación y la violencia; que reclaman del oficialismo y también practican con batallas por la percepción, guerras de bots y denuncias de la injerencia del narco, pero sólo en la prensa.
Las libertades democráticas son vigentes como demuestra la misma marcha, y el INE y el TEPJF funcionan, aunque vulnerables por la añeja intromisión de la política y divisiones internas que socavan su autonomía. No así garantizar el voto de la “contaminación de las libertades” que también erosionan la democracia aquí y en otros países, sin casi reparar en ello. Por ejemplo, la alerta sobre la penetración del narco nunca se traduce en denuncias de partidos para investigarse, ni siquiera en 2021, cuando se trataron de deslegitimar triunfos con guerras mediáticas; menos aun en reformas para alentar acusaciones con alguna forma de manifestación anónima que protejan a fiscales y juzgadores. Pareciera que el indicador de democracia es que el Ejecutivo no toque al INE o a la Corte, aunque la representación política caiga en manos del crimen.
Los riesgos del voto libre denotan, entre otras, incapacidad y agotamiento del modelo electoral para regular campañas negativas y la intervención de funcionarios públicos en elecciones, dos de sus objetivos centrales. Los responsables del TEPJ y del INE poco pueden hacer con la difusión sin cortapisa de sondeos espurios o la desinformación para crear estigmas en la opinión pública con el hashtag “narcopresidente” que replicaban asistentes a la marcha o la desinformación del bulo de la desaparición de la propiedad privada si gana Morena; mucho menos ante el riesgo mayor para la democracia como es la violencia política, más allá de advertir de la presencia del “elefante” en la recámara electoral sin saber cómo sacarlo.
Tampoco las autoridades electorales dan un paso adelante siquiera con un mapa de riesgos sobre el crimen o mayor control sobre protocolos de las encuestas, a pesar de que son uno de los elementos centrales de las campañas y, por tanto, decisivas por crear percepciones de triunfo o derrota para anticipar ganadores o disuadir del apoyo a los que les cuelga la imagen de perdedores. Frente a la desinformación, los magistrados asumen una posición liberal de poca intervención en los hechos ante una realidad que los supera, como la sociedad de la información o la violencia del narco.
El objetivo de la marcha fue contrastar con las reformas presidenciales en el contexto de la polarización, como el de López Obrador corresponde a ganar la agenda con su debate en la campaña. En los 41 foros que se organizarán para analizarlas antes de la elección no se ven planteamientos sobre los riesgos y nuevas realidades que distorsionan el voto. Vale la pena recordar que la dificultad de determinar hasta dónde la intervención indebida de empresarios, medios, gobiernos o del narco lo conculcan y pueden llevar a anular una elección que ya en 2006 desembocó en la mayor crisis política de las últimas dos décadas.