• No hay finalidad expresa o tácita de “militarizar” puertos, señala el dictamen
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos, cuya finalidad es trasladar funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la de Marina.
Avalado en lo general y en lo particular con 263 votos a favor, 85 en contra y 43 abstenciones y turnado al Senado, el dictamen precisa que a la Secretaría de Marina se le otorgan atribuciones para que sea la única autoridad marítima nacional, encargada de la implementación de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
El dictamen precisa que no existe la finalidad, expresa o tácita, de “militarizar” los puertos, sino de dar certeza sobre la autoridad que tiene competencia y facultades en materia portuaria.
Su finalidad es fomentar el desarrollo marítimo considerando la necesidad de fortalecer la seguridad y protección marítima y portuaria, así como hacer más eficiente la prestación de trámites administrativos a la comunidad marítima.
Estos cambios producen un efecto positivo hacia la ciudadanía, puesto que norman y regularizan funciones y operaciones que se encuentran desagregadas, que son los casos de la ecología y salud, de salvamento y cuidado en los mares nacionales, puertos, lagos y ríos navegables.
En síntesis, se plantea concentrar, entre otras, las atribuciones en materia de seguridad y protección portuaria en la Secretaría de Marina, con la finalidad de que México esté en posibilidad de responder a las exigencias que el país y la comunidad marítima requieren en la materia.
También se amplía la facultad a la Secretaría de Marina para dirigir la educación naval militar y la educación náutica mercante; igualmente, de fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes por agua, así como las tarifas para el cobro respectivo.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), expresó que con las reformas se reafirma, fortalece y unifica la autoridad marítima nacional, papel que se le reasignó a la Semar en 2016 cuando se reincorporan a su jurisdicción las 103 capitanías de puerto.
Hoy, dijo, se sientan las bases para hacer mucho más competitivo al sistema portuario y ubicar a México como potencia marítima mercante, y así modernizar los puertos, particularmente, los de altura.
Mencionó que las reformas no son inconstitucionales, pues la Secretaría de Marina es una dependencia creada para el despacho de asuntos administrativos, no tiene naturaleza jurídica distinta a la de sus pares, no tiene encomendadas funciones militares y no se encarga de asuntos de guerra.
Barrera Badillo argumentó que la Secretaría de Marina es la encargada de ser autoridad en lo relativo a los vertimientos de desechos en el mar, realización de trabajos hidrográficos, otorgamiento de permisos para expedición, exploraciones científicas o realizar trabajos de investigación sobre ciencias marítimas.
Las facultades que hoy se proponen, añadió, se insertan armónicamente en el orden jurídico, porque “no son dadas ni serán ejercidas por la Armada de México; no podemos seguir desaprovechando el hecho de ser uno de los pocos países en el mundo que tienen responsabilidad marítima en ambos océanos”.
Con las reformas, añadió, habrá buques abanderados nacionales, construcción de navíos en territorio nacional, ejercicio de cabotaje y un sistema de educación, capacitación e instrucción de marinos mercantes.
Asimismo, se solucionará el aspecto administrativo y operativo de las capitanías de puerto, la eliminación de duplicidad de permisos de navegación, además de que el dragado de los puertos aumentará en su capacidad operativa sin necesidad de acudir a terceros.
“Hay que elevar la competitividad del país en materia de transporte marítimo y procurar una mayor eficiencia en la administración, lo que redundará en el aprovechamiento del potencial de México como punto de embarque y clave en las rutas comerciales, particularmente con la Zona Asia-Pacífico”, añadió.
De esta forma, según Mario Delgado, líder parlamentario de MORENA se terminará con la corrupción que priva en esos lugares.
«Después de un diagnóstico de más de un año del Gobierno de la República, decidieron que ésta es la medida que debe tomarse ante la enorme corrupción que hay en los puertos y el involucramiento de la delincuencia organizada, hay redes que se han establecido ahí durante muchos años y no hay poder civil que pueda enfrentar la corrupción que ahí prevalece y lo riesgo que representa finalmente para un civil enfrentar los intereses creados que ahí se encuentran. Entonces, ésta es una medida más en la estrategia del Gobierno en el combate a la corrupción, ahora entrando a un lugar que ha sido muy difícil», señaló.
El GPPRD, en voz de la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, rechazó la reforma a las leyes para dar el control de puertos y aduanas a la Marina Armada de México porque sólo encubre, mediante la continua militarización del país, la incapacidad presidencial para encabezar un gobierno civil eficiente.
La legisladora federal perredista reiteró el reconocimiento del GPPRD a las y los marinos, y a las y los militares en general que a diario exponen su integridad y su vida en defensa de la población, como en las campañas de vacunación y alfabetización y la aplicación de los planes DNIII y Marina.
Sin embargo, desaprobó que desatiendan sus tareas y generen vacíos en ellas para asumir otras para las que no están capacitados, como la construcción de mega obras, sólo para encubrir la incapacidad presidencial en diversos rubros, como la construcción de instituciones.
“Esto se llama militarización. Este proceso lo hemos vivido con mayor claridad en la seguridad pública y, no obstante que durante la campaña presidencial López Obrador ofreció sacar a los militares de las calles, hoy con disgusto vemos cómo, al contrario, van ocupando cada vez más el espacio público, sin generar los contrapesos de transparencia y rendición de cuentas que deben regir sus actividades, porque toda la información se encuentra reservada por ser de seguridad nacional”, denunció.
Enfatizó que esta militarización de puertos y aduanas contraviene el marco jurídico internacional del que México forma parte y que hasta el ex Secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, las lamentó al considerarlas de grave trascendencia para el presente y el futuro económico y político de México.
Precisó que los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y la Ley de Puertos implican la transferencia de tareas adicionales para las fuerzas armadas, las que se suman a las ya conocidas de seguridad pública que tiene el Ejército a través de la Guardia Nacional que lo enmascara.
“Hoy, como hace poco más de un año, vivimos una falacia legislativa. Enmascaran las modificaciones que proponen en un hálito de civilidad, pero el discurso del presidente es claro y contundente: más de 100 nuevas tareas serán encomendadas a la Marina Armada”, afirmó.
A nombre de los legisladores de Acción Nacional, la diputada Verónica Sobrado Rodríguez, señaló «en el Grupo Parlamentario del PAN, siempre hemos hecho patente nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas de nuestro país, por su labor patriótica, por su sacrificio y entrega. Con esta misma convicción, hoy señalamos que es necesario impulsar propuestas que tengan como finalidad fortalecer la seguridad jurídica tanto de la tropa, como de la oficialidad…
«La reforma que se nos presenta hoy tiene evidentes defectos que, incluso serán objeto de observaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, si no los corregimos. Todas las fallas, insuficiencias y debilidades que hoy aquejan a nuestro sistema portuario y aduanero pueden ser superadas si existiera un verdadero compromiso por parte del gobierno en fortalecer a las autoridades civiles en esta materia…
«Las razones que se han expuesto como fundamento, a la necesidad de trasladar las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina serían insuficientes si existiese un mínimo de voluntad de fortalecer los tramos propios de la autoridad civil». dijo en la Máxima Tribuna del país.
Se turno al Senado para sus efectos constitucionales.