Estira y afloja
La embajada del Reino Unido en México, el Programa de Infraestructura Sostenible de Reino Unido, el BID y la Sedatu serán los responsables de seguir los resultados del proyecto aprobado para México, con una donación de un millón 250 mil dólares en cooperación técnica, para el estudio de movilidad sostenible a nivel nacional que impulse un nuevo sistema de transporte público.
Se pretende que las mujeres se sientan seguras y no sean víctimas de acoso sexual y que, además, se tenga mejor infraestructura para las personas con discapacidad; se lanzará un esquema de sustitución de autobuses y camiones de carga por unidades eléctricas; se apoyará a los gobiernos locales en el diseño de políticas públicas e infraestructura para mejorar la calidad y cobertura de ese transporte, lo que incluye analizar las rutas actuales, la flota, la demanda y la disposición de pagar por los servicios, y se promoverá el hidrógeno verde para el transporte de mercancías de larga distancia.
Ya se identificaron proyectos para los estudios: análisis en las cercanías del ferrocarril Tijuana-Rosarito para reestructurar rutas alimentadoras, tarifas y operaciones; concesiones del transporte público en Nayarit e Hidalgo y reemplazo de la flota; transporte sustentable en Torreón; estudios en ciudades del sur de México y una evaluación integral del sistema en la CdMx para que sea más seguro, limpio e inclusivo, y fomento a concesionarios para adoptar tecnologías eléctricas. Aquí se realizará un diagnóstico de las rutas, incluidas las del Metrobús.
Otros objetivos son reducir el número de muertos en accidentes de tránsito en las ciudades y los costos del congestionamiento vehicular que representan un monto anual en México de 94 mil millones de pesos, equivalente a tres veces el presupuesto de CdMx para transporte público en toda la administración 2018-2024.
Cuarto de junto
El 28 de abril será la Junta General de Accionistas de Iberdrola en Bilbao, y seguro el presidente José Ignacio Sánchez Galán abundará sobre el acuerdo con México. Lo más probable es que la empresa española tendrá que dar marcha atrás a muchas de las acciones legales en materia de permisos, amparos y arbitrajes que ha emprendido, y el gobierno resolver acciones fiscales contra subsidiarias que tienen que ver con los activos vendidos.