Hay muertes que pueden marcar un país y, la de Carlos Manzo, es una de ellas.
Trasciende porque exhibe el fracaso acumulado de los planes pacificadores, la grave crisis de inseguridad, el control territorial del crimen organizado, el abandono oficial, la vulnerabilidad del municipio y porque ha detonado un movimiento social que, políticamente, retumba como trompo.
Además, con su asesinato, se expone un gravísimo problema que ocurre no sólo en Michoacán, si no en varias regiones del país: el reclutamiento de menores de edad por parte del narcotráfico para convertirlos en ejércitos de halcones, mulas y niños sicarios.
¿Y sabe qué lo hace todavía más grave? Un vacío legal porque a nivel federal –excepto en Hidalgo- no está tipificado como delito grave y específico el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para el crimen organizado que los ha convertido en carne de cañón.
Un caso de reclutamiento es Víctor Manuel, el menor de 17 años de edad que ultimó de siete balazos al llamado “Bukele mexicano” y que terminó abatido tras el asesinato.
Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, reveló que por el arma que utilizó para matar a Manzo, este chamaco originario de Paracho fue reclutado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Estuvo recluido en un centro de rehabilitación por su adicción a las metanfetaminas y se ausentó de su casa una semana antes del atentado que perpetró el Día de Muertos en la plaza central de Uruapan, conocida como la Pérgola.
El fiscal Torres Piña relató que desde hace algunos meses se ha podido advertir que en la región de Uruapan y Zamora los grupos criminales utilizan mucho a menores de edad para cometer diversos ilícitos; no solo para halconeo, si no para distribución y trasiego de droga y como sicarios.
“Como la ley ampara mucho el tema de la niñez y adolescencia pues a veces salen pronto en libertad o inclusive ni siquiera son detenidos. Nosotros, a partir de agosto a la fecha, hemos logrado ya judicializar varias carpetas con menores de edad por portación de arma de fuego, por drogas, por homicidios; inclusive los hemos podido vincular a proceso”.
Refirió, en entrevistas, que los homicidas del policía de Uruapan, asesinado en septiembre, eran menores de edad.
En junio de 2025 el alcalde Carlos Manzo también denunció que grupos criminales operaban campos de entrenamiento paramilitar en la zona rural de Uruapan, con la posible presencia de colombianos y venezolanos, donde aleccionaban a menores de edad.
“Pollitos de colores”
El término se adoptó en Sinaloa y en la cultura del narco llaman así a los menores o civiles reclutados por el crimen organizado que son fáciles de enganchar, manipular y mandar al frente, pero que son desechables.
Reclutan chavos porque los cárteles buscan ventajas operativas y legales. Si los agarra la policía, salen rápido porque son menores de edad y no delatan. Si mueren, son remplazados por otros.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDiM) advierte que no hay cifras oficiales ni actualizadas sobre el número de personas entre 0 a 17 años de edad que han sido reclutadas por la delincuencia organizada.
Organizaciones civiles estiman que hay hasta 250 mil menores en riesgo de que el crimen se los lleve para cambiar la mochila por las armas y las drogas.
Reinserta, una organización fundada en 2013, señala que hay 18 de 32 entidades propensas al reclutamiento para fines delictivos.
Las principales son Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
Ante ese panorama, la Unicef insiste en establecer un marco legal que tipifique como delito el reclutamiento de menores, porque si bien existen varias iniciativas en el Congreso de la Unión mexicano, inexplicablemente están congeladas.
Y al parecer así van a seguir porque el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no prevé el fortalecimiento de la legislación que permita proteger y defender a los menores de edad y a sus familias.
Para un impacto real, se requieren reformas concretas al Código Penal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el propósito de sancionar directamente el reclutamiento por parte del narco y tratar a los menores como víctimas, no como criminales.
Presentan Plan Michoacán
El martes pasado la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó la propuesta de integrar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la respuesta oficial tras el miserable asesinato de Carlos Manzo.
Se integró en cinco días pero la jefa del Ejecutivo no fue a Michoacán a presentar el Plan, el cuarto en 19 años; el lanzamiento se llevó a cabo desde el Patio Central de Palacio Nacional en la Ciudad de México acompañada de todo su gabinete.
Para pacificar Michoacán, se plantean más programas sociales y un despliegue militar por parte de la Sedena y la Semar con el propósito de sellar Michoacán ante el ingreso o salida de los cárteles del crimen organizado.
La presidenta precisó que el Plan consta dedoce ejes con más de 100 acciones que tendrán una inversión de más de 57 mil millones de pesos. Refirió que en 2026 la inversión en programas del bienestar es de 37 mil 450 millones de pesos que beneficiará a cerca de 1.5 millones de habitantes.
“Daremos cuentas públicas de avances cada mes en la Mañanera del Pueblo”, ofreció.
¿Y por qué la presidenta no fue a Michoacán a presentar este Plan? Porque no es políticamente conveniente que viaje por ahora a esa entidad por varios factores: la ola de protestas que paralizaron a Uruapan el viernes; los reclamos sociales a su gobierno y a la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y porque hay evidencias de que la popularidad de la Mandataria ha bajado antes y después de la muerte del alcalde Manzo.
Según la más reciente encuesta nacional de El Financiero, difundida el lunes 3 de noviembre pasado, “el nivel de aprobación a la presidenta Claudia Sheinbaum registró 70 por ciento en el mes de octubre, con una desaprobación de 30 por ciento, la más alta en lo que va de la gestión”.
Voto de castigo
En tanto, el llamado Movimiento del Sombrero que fundó Carlos Manzo continúa con su esposa Grecia Quiroz, quien lo sustituyó en la presidencia municipal de Uruapan.
Al concluir la histórica marcha del viernes 7 de noviembre precisamente en la plaza donde fue ultimado el padre de sus dos hijos, Grecia aseguró que la reunión que sostuvo con la presidenta Sheinbaum “no fue para ir a doblar las manos, si no para exigir justicia para Carlos y para que volteen a ver a nuestro municipio”.
Y frente a miles de michoacanos, con el sombrero de su esposo pegado al pecho, convocó a la ciudadanía a emitir un voto de castigo en las próximas elecciones de 2027.
Así, como decíamos líneas arriba, la muerte de Manzo ha detonado un movimiento social y político que ya retumba como trompoen su estado y que podría hacerlo en todo el país.