NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La negociación para relanzar el programa Quédate en México sienta precedentes para el futuro de la migración, no sólo en los hechos, sino en las leyes, en caso de una reforma migratoria en EU. El giro del gobierno de Biden hacia una política más restrictiva, como la de Trump, es peligroso por dejar efectos legales de largo plazo que nos conviertan de facto en patio trasero para la deportación de migrantes no mexicanos.
El riesgo del plan de migración que Biden anunciará los próximos días no es sólo abrir la puerta a deportaciones masivas —que Washington niega—, sino continuar con la evisceración de su sistema de asilo y la exclusión de nacionalidades incomodas de su territorio, como venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Y México juega un rol central para este tipo de muro porque sin la cooperación bilateral no podría funcionar.
Desde la aplicación del programa en 2018, EU han devuelto a México más de 80 mil migrantes. México podría negarse a participar en ejercicio de su soberanía, pero lo acepta a pesar de chocar con sus leyes de migración. Ante esa evidencia, la SCJN se pronunció en 2022 por desarrollar una política para atender a los deportados ante la saturación de las estaciones migratorias, sino podía tocarse la política migratoria. Las restricciones al asilo en EU caminan por decreto y disposiciones como el título 42 de la ley de salud, que concluirá en mayo con el fin de la pandemia. Al calor de covid-19 se activaron deportaciones en caliente justificadas con la crisis sanitaria. Y otras medidas disuasorias como Quedate en México, que se aplicó sin anuncios públicos ni papeles firmados, como revela en sus memorias Mike Pompeo, exsecretario de Estado de Trump, sobre negociaciones secretas con Marcelo Ebrard en 2018. El título de su libro Nunca cedas una pulgada parece recomendación a la política migratoria de su país quizá con idea de enmarcar el tipo de regulaciones en el futuro. En efecto, ahora se vuelve a alertar de negociaciones ocultas sobre plan de Biden para controlar la inmigración ilegal y facilitar la extradición, en otra versión del programa con que Trump desarticuló el sistema de asilo de EU. La continuidad del modelo en dos administraciones facilitaría llegar algún día a ser ley, lo que por ahora rehúyen para poner en aprietos a México por contravenir sus normas migratorias.
Pero delinea el perfil de la cooperación migratoria de largo aliento, siendo México al que le toca la peor parte, aunque la cancillería niega que haya acuerdos para esos programas que, en los hechos, disuaden la petición de asilo a través de mecanismos de miedo creíble como la deportación exprés. Ante las evidencias, la Cancillería se escuda en decir que son medidas unilaterales de EU y se ven obligados a recibirlos por razones humanitarias. Incluso hablan de avances en la movilidad laboral con 30 mil visas de trabajo, que ya anunció Biden como parte de su plan, para los que tengan patrocinador en EU o la reducción del ingreso ilegal de venezolanos.
Mientras crece la visibilidad de los flujos migratorios, los acuerdos bilaterales se tornan más oscuros y confusos. La negociación podría centrase en las nacionalidades para la veda. La mayor interrogante son los beneficios para el país más allá de la amenaza de cerrar la frontera con que presionó Trump en 2018 o los bonos con los demócratas para las aspiraciones presidenciales de Ebrard. Incluso suspicacias difíciles de probar como el silencio de EU con políticas internas de México en pago al oneroso costo migratorio. La importancia de la migración en la agenda política de Washington la hace susceptible de funcionar como moneda de cambio. Biden en campaña se opuso al programa de Trump como “inhumano”, pero fallos de los jueces lo obligaron a conservarlo y ahora la presión política de las alas duras antiinmigrantes instan a retomarlo de cara a su reelección. El beneficio para él es claro, no así para el gobierno mexicano obligado a explicar la sospecha de una negociación oculta en la que el país tiene poco que ganar.