La vinculación política actual en el sistema judicial mexicano justifica la necesidad de que los nombramientos de jueces, magistrados y ministros, así como su permanencia en el cargo sean decididos por el voto popular, respondió Ricardo Monreal al mandato de la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas.
“Es derecho soberano de México modificar su estructura de justicia, atendiendo a sus necesidades y sin injerencia de directrices externas”, afirmó en sus redes sociales el senador.
Por ello, Ricardo Monreal realizó un Posicionamiento a fin de dar respuesta a los puntos de vista expresados por la instancia internacional y que indican que con dichas iniciativas se podría socavar la independencia de la judicatura mexicana en caso de que se promulgaran sin modificaciones sustanciales.
El paquete de iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero de 2024 por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, refiere el senador, contempla diferentes recursos orientados a garantizar dicha independencia.
Uno de ellos es la claridad en la definición de mecanismos de selección que se implementarán para la elección popular de jueces, magistrados y ministros, así como la intervención de una autoridad independiente como el INE y la creación de las condiciones adecuadas para la participación efectiva de la ciudadanía en el mecanismo democrático a emplear.
Es importante recordar -indica Monreal en su análisis- que en el proceso legislativo en el que participarán ambas cámaras del Congreso, y sus respetivas comisiones, se realizará un análisis profundo y objetivo para asegurar que las reformas legislativas cumplan con estándares internacionales y garanticen que el procedimiento de selección judicial no se politice.
No obstante, aclaró, en caso necesario se estará en condiciones procedimentales para realizar las enmiendas normativas necesarias para tales propósitos.
En su Posicionamiento a las Manifestaciones de la relatora Especial de la ONU, Ricardo Monreal también responde sobre los señalamientos acerca de que la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados, cuando ejerzan su función, busquen complacer a los patrocinadores de las campañas en lugar de tomar decisiones fundamentales basadas en principios y normas jurídicas.
Sobre el particular, menciona el político, la reforma judicial que se ha propuesto por el presidente de la República tiene como sustento que el sistema de nombramientos contemple la posibilidad de que los jueces que cuenten con experiencia y conocimientos adecuados sean seleccionados para estos cargos, lo que permitirá la eficacia de la impartición de justicia.
De esta forma, las modificaciones que se proponen garantizan mecanismos transparentes independientes para asegurar que los candidatos cumplan con la capacidad suficiente para desempeñar el cargo.
El mecanismo propuesto permite la participación del pueblo de México a través del proceso electoral respectivo, con la intervención autónoma del órgano electoral que, por lo que la reforma propuesta se sustenta en propiciar el mayor ahorro posible en la organización y calificación de la elección de ministros, magistrados y jueces lo que se conseguirá a través de la implementación de un solo proceso electoral.
